En el artículo anterior explicábamos que la crisis de Venezuela tiene tres dimensiones: (i) La política, por la destrucción de la democracia constitucional; (ii) La económica, marcada por la Emergencia Humanitaria Compleja; y (iii) La del Estado, por el colapso de las instituciones estatales, que han sido cooptadas por organizaciones informales e ilícitas.
Como lo demuestran los estudios del Growth Lab de la Escuela Kennedy de Harvard, dirigido por el profesor Ricardo Hausmann, esta crisis solo es comparable con países que han atravesado guerras y otros severos desórdenes civiles. Los venezolanos no hemos visto las bombas de esa guerra, pero ciertamente sí hemos sufrido sus efectos destructivos.
¿Cómo colapsó Venezuela? Siguiendo una reciente literatura dedicada al análisis de crisis políticas que llevan a los países al colapso (Acemoglu, Robinson, Fukuyama), aquí desarrollo la tesis que expuse en mi más reciente libro, “Bases fundamentales de la transición venezolana” (Editorial Jurídica Venezolana, 2020): Venezuela colapsó como resultado de las políticas autoritario-populistas implementadas por Chávez desde 1999, que destruyeron los mecanismos de mercado, generaron el déficit de ingresos en divisas y, finalmente, llevaron al colapso de la capacidad estatal, en el medio de la Emergencia Humanitaria Compleja y la crisis masiva de migrantes y refugiados.
Chávez y el autoritarismo populista
Hugo Chávez puede ser estudiado a la luz del concepto en el que ha venido trabajando la profesora Pippa Norris: Autoritarismo populista. El populismo puede ser definido como la retórica basada en la exaltación del pueblo frente a las -así consideras- élites. Los riesgos surgen cuando esa retórica es empleada para justificar medidas autoritarias que pueden llevar a un proceso en cámara lenta de desmantelamiento del Estado de Derecho.
Precisamente, la estrategia implementada por Chávez durante su campaña presidencial de 1998, e implementada a partir de febrero de 1999, fue apelar a la protección del pueblo para justificar la “demolición” del Estado Constitucional, lo que logró a través de la Asamblea Nacional Constituyente electa en 1999, la cual asumió poderes absolutos. Con ello, Chávez alcanzó el objetivo que se trazó con las intentonas golpistas del año 1992: Deponer a las instituciones democráticas de la Constitución de 1961 y concentrar todo el poder.
El control político sobre el TSJ
Como en el mito de Saturno, la Asamblea Nacional Constituyente devoró a su hija, pues lo cierto es que la Constitución de 1999 fue violada al día siguiente de su promulgación por la propia Asamblea, quien concentró poderes en la presidencia de Chávez.
Los eventos de 2002 –a los que Luis Pacheco se ha referido recientemente en La Gran Aldea– demostraron a Chávez la conveniencia de avanzar en su modelo autoritario, lo que le llevó a imponer controles centralizados sobre la economía en enero de 2003, los cuales resultaban contrarios a la Constitución. Para evitar cualquier decisión judicial adversa a esas políticas autoritarias, Chávez intervino políticamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2004. Ese fue el principio del fin.
La destrucción de los mecanismos de mercado en el medio del boom petrolero
Con la Sala Constitucional a su favor, y en especial, luego de su reelección en 2006, Chávez pudo adelantar su estrategia de desmantelamiento progresivo del Estado de Derecho, minando la autonomía del Poder Judicial, del Poder Ciudadano, del Banco Central de Venezuela (BCV) y de PDVSA. Asimismo, avanzó en la imposición de controles centralizados sobre la producción, importación, exportación y distribución. Finalmente, adelantó una política de nacionalizaciones y expropiaciones, incluso, en el sector petrolero.
“Las políticas autoritario-populistas de Chávez destruyeron los mecanismos de mercado y con ellos, la capacidad de la sociedad civil para satisfacer sus propias necesidades”
Como resultado de todo ello, las políticas autoritario-populistas de Chávez destruyeron los mecanismos de mercado y con ellos, la capacidad de la sociedad civil para satisfacer sus propias necesidades. En adición, Chávez empleó las políticas sociales para crear vínculos clientelares de dependencia, por medio de estructuras paralelas que fomentaron la corrupción.
La destrucción de los mecanismos de mercado fue silenciada por el boom petrolero, como explica Miguel Ángel Santos. Así, los ingresos petroleros administrados por Chávez podrían haber superado el millón de millones de dólares, lo que le permitió promover un auge artificial de consumo, financiado con las importaciones y luego, con el sobreendeudamiento del Gobierno Nacional y de PDVSA. Además, esos ingresos fueron administrados por mecanismos paralelos, como el Fonden -Fondo para el Desarrollo Nacional-, propiciando la corrupción y la ineficiencia.
De la crisis económica a la Emergencia Humanitaria Compleja y el colapso del Estado
Esa bonanza comenzó a decaer hacia el 2013, cuando Maduro es electo Presidente en un disputado proceso electoral. Los efectos de la caída de los precios del petróleo fueron agravados por el desplome de la producción petrolera como resultado de las medidas autoritarias impuestas por Chávez. Esto afectó el ingreso en divisas, justo cuando era necesario pagar la onerosa deuda pública contratada. Maduro prefirió mantener el pago de esa deuda, lo que le llevó a imponer un recorte de las importaciones que, con el tiempo, resultó masivo, en especial, en el sector de alimentos y medicinas.
A la caída de la oferta de productos importados se le acompañó la caída de la oferta de productos locales, como resultado de la destrucción de los mecanismos de mercado. Esto es, que no solo cayeron las importaciones, sino también el Producto Interno Bruto (PIB). De allí surgió la incipiente crisis marcada por el desabastecimiento y la escasez, al tiempo que la inflación subía, pues Maduro solo podía financiar el gasto público a través del BCV, cuya autonomía había sido violada.
“Los ingresos petroleros administrados por Chávez podrían haber superado el millón de millones de dólares, lo que le permitió promover un auge artificial de consumo, financiado con las importaciones y luego, con el sobreendeudamiento del Gobierno Nacional y de PDVSA”
El descontento generado por esta crisis jugó un factor importante para el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. De haber habido Estado de Derecho, ese triunfo hubiese promovido una transición ordenada a la democracia. Pero lo cierto es que el Estado de Derecho, como explicamos, estaba muy debilitado, lo que permitió a Maduro desconocer ese resultado electoral, en especial, a través de decretos de Estados de Excepción, decenas de sentencias del Tribunal Supremo, y luego, por medio de la Asamblea Nacional Constituyente, creada como una instancia paralela a la legítima Asamblea Nacional.
Este declive político aceleró los efectos de la crisis: La inflación mutó en hiperinflación, y el desabastecimiento y escasez afectaron a amplios sectores de la población, al punto de poner en riesgo su derecho a la vida, a la salud y a la dignidad humana. Este es el origen de la Emergencia Humanitaria Compleja, que generó una crisis masiva de refugiados y migrantes.
El colapso del Estado venezolano y la pandemia del Covid-19
El efecto combinado del desmantelamiento del Estado de Derecho, la creación de instituciones paralelas, la corrupción y la Emergencia Humanitaria Compleja, fue el colapso del Estado venezolano, que hoy puede ser considerado como un Estado fallido (o frágil), que no cuenta con capacidad para cumplir sus cometidos esenciales, incluso, en lo que respecta al ejercicio del monopolio legítimo de la violencia en todo el territorio.
Otro de los signos más claros de este colapso es el surgimiento de estructuras informales que atienden los cometidos que el frágil Estado venezolano no puede satisfacer. Esto va desde el mercado negro hasta el comercio ilegal del oro. Como resultado de ello, en Venezuela debe hablarse de cleptocracia, en el sentido que la corrupción no es tanto un vicio del sistema de gobierno, sino el propio sistema de gobierno, pues las decisiones se toman con base en el reparto de rentas e ingresos.
“El descontento generado por esta crisis jugó un factor importante para el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. De haber habido Estado de Derecho, ese triunfo hubiese promovido una transición ordenada a la democracia”
Asimismo, la liberalización y dolarización de facto que pueden apreciarse en la economía venezolana actual, no son otra cosa que signos de este colapso, pues el Estado venezolano no puede ejercer las funciones básicas de política monetaria ni mucho menos puede implementar el pesado sistema de controles centralizados que, al menos en teoría, todavía está vigente.
Es en este delicado cuadro que Venezuela se enfrenta a la pandemia del Covid-19, todavía en evolución. Por ello, Venezuela no cuenta con capacidad para implementar efectivamente ninguna de las medidas de contención que se han recomendado para la región, ni tampoco cuenta con el adecuado espacio fiscal para desplegar políticas de fomento y de inversión pública en el sector salud. Se trata, así, de una incipiente emergencia en el medio de una Emergencia Humanitaria Compleja.
El Estado fallido y la transición
El colapso del Estado venezolano es, actualmente, la principal restricción al crecimiento económico en Venezuela. Así, no es posible implementar ninguna de las políticas de recuperación económica plasmadas en el Plan País para reconstruir los mecanismos de mercado y solucionar el déficit de divisas, con las debilitadas instituciones existentes, que solo sirven para apalancar el régimen de Maduro a través de la cleptocracia y la represión de derechos humanos. Tampoco puede solucionarse la Emergencia Humanitaria Compleja, simplemente, pues no hay instituciones estatales capaces de asegurar la satisfacción de necesidades esenciales, en especial, en los sectores de alimentación y salud.
Por ello mismo, tampoco es posible avanzar en una transición exitosa en Venezuela. Como observó Juan Linz, la primera condición para adelantar una transición es que exista un Gobierno, o sea, un centro de poder organizado. En Venezuela, por ello, falta el elemento más básico para adelantar la transición democrática, lo que demuestra por qué nuestra transición no es ya puramente política.