“Si no hubiésemos demandado los bonistas habrían hecho una fiesta y tomado Citgo”

Su amplia trayectoria en la industria petrolera ha sido el aval de Luis Pacheco, por lo que muchos aplaudieron su designación como Presidente de la junta administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y luego lamentaron que presentara su renuncia a este cargo. Desde su perspectiva asegura que si el 27 de octubre de 2019 no se hubiese demandado en el caso del bono PDVSA 2020, los tenedores de esos papeles “habrían hecho una fiesta y tomado control de Citgo”. Sostiene que se intentó una negociación directa con los bonistas, pero se hizo evidente que no aceptarían una alternativa distinta a la amortización en los plazos establecidos. Afirma que Citgo está sobreendeudada y su estructura financiera no le permite tomar más deuda. Además, comenta que lo peor es que muchas veces los ataques que reciben en la junta ad hoc “provienen de fuego amigo; y eso, aunque espero que la historia lo enderece, es muy frustrante”.

-¿Sigue siendo Presidente de la junta administradora ad hoc de PDVSA?

-Estoy esperando, desde junio, que la Asamblea Nacional decida mi reemplazo.

-¿Por qué renunció?

-Es tiempo de un cambio de mando, y yo necesito espacio para dedicarme a temas personales.

-¿Cómo es su relación con el presidente interino Juan Guaidó?

-No tengo relación.

-¿Y quién es su interlocutor en el Gobierno interino?

-El Centro de Gobierno y la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional.

-¿Qué lectura hace del reciente pronunciamiento de la Corte de Nueva York sobre el litigio del bono PDVSA 2020?

-La sentencia no ha salido, lo que hubo fue una opinión de la jueza que lleva el caso, pero tal como nuestros abogados piensan, esa opinión, aunque es negativa para nosotros, tiene suficientes aristas para justificar una apelación exitosa.

-¿Cómo será ese proceso de apelación?

-En este momento lo que prosigue es que la jueza les dé a los demandados la oportunidad de proponer un borrador de sentencia, para que luego nosotros podamos contrarrestarlo; y basado en esos dos documentos redactar la sentencia. Después de la decisión de la Corte, en caso de que la decisión no sea a favor de la República, tenemos 30 días para presentar una apelación.

-¿La decisión de apelar si el fallo es en contra de la República ya está tomada?

-Sí, así se hará, porque es lo correcto y lo que corresponde.

-Hay voces que después de esta opinión emitida por la jueza Katherine Polk han insistido con más fuerza en que la estrategia con los bonistas debió ser negociar y no ir a juicio, ¿cuál es su opinión hoy?

-Por supuesto que no estoy de acuerdo con eso, en un mundo de leyes las cortes están para que uno defienda sus derechos y la obligación de PDVSA era respaldar lo que la Asamblea Nacional, único órgano legítimamente electo en Venezuela, dictaminó; y eso es que la operación del bono PDVSA 2020 es ilegal por incluir a Citgo como colateral sin aprobación del Parlamento. Por otro lado, desde el primer día nuestros abogados han tenido contacto con los acreedores o sus representantes para buscar un acuerdo, pero ellos han sido inflexibles o no han recibido esas aperturas con suficiente generosidad, por eso tuvimos que seguir el camino del litigio, que no habría sido necesario si del otro lado hubiesen estado dispuestos a negociar. Sin embargo, aún durante el juicio han seguido las conversaciones con los tenedores y sus abogados, pero lamentablemente no han aceptado sentarse bajo unos términos que reconozcan las condiciones que el Poder Legislativo ha impuesto.

-¿Cuáles son esas condiciones?

-Nuestra intención ha sido siempre lograr una negociación con los acreedores que se reconozca tres factores; el primero, que la operación ha sido declarada inválida por una resolución de la Asamblea Nacional; el segundo, que el precio de mercado de esa deuda, para ese momento de la demanda, rondaba el 20% y hoy está alrededor del 50%; y el tercero es que se debe reconocer la crisis humanitaria de Venezuela y posponer las fechas de pago. Por supuesto que mediar entre esto y las aspiraciones de los bonistas, que es el pago completo de la deuda, ha sido muy difícil, existen unas limitaciones que nunca han estado dispuestos a aceptar.

-¿Por eso la demanda fue la única salida?

-En octubre de 2019 PDVSA decide hacer una negociación directa con los bonistas, en lugar de con sus representantes o abogados, porque nuestra intención era resolver el problema. Ahí les decimos que quedan pocos días para el segundo pago de intereses y que ni PDVSA ni Citgo tienen los 900 millones de dólares que correspondía pagar el 27 de ese mes, por lo que les pedimos un plazo de tres meses para buscar una solución, en ese momento hubo dos o tres discusiones más y quedó claro que los acreedores no aceptarían una alternativa distinta a una amortización el día que estaba establecido. Aquí hay que recordar que cualquier ofrecimiento que pusiera PDVSA en la mesa, debía ser aprobado por la Asamblea Nacional, y dado el escándalo político injustificado que se originó por la cancelación de los intereses de abril, era lógico presumir que autorizar un pago por 400, 500 o 900 millones de dólares iba a ser cuesta arriba, además de que no los teníamos.

-¿En ese momento solicitaron al gobierno estadounidense suspender la Licencia General 5?

-Claro, cuando esto ocurrió le notificamos al gobierno estadounidense que iba a ser imposible llegar a un acuerdo con los bonistas, y le pedimos que suspendieran la Licencia General 5 para que los acreedores no pudieran tomar control de Citgo. Los norteamericanos aceptaron nuestra solicitud y hacen que nos comprometamos a introducir la demanda de nulidad contra los tenedores. En esos mismos días, el 15 de octubre, el Parlamento retomó el tema, ratificó la nulidad de la operación y nos reitera la orden de defender los activos de Venezuela en el exterior. Razón por la cual yo hice dos reuniones con la Junta ad hoc y los directores decidieron por unanimidad entrar en litigio.

-¿Por qué si la Junta votó de forma unánime, después el economista Alejandro Grisanti escribe una carta al presidente interino Juan Guaidó para expresar su desacuerdo con la decisión de ir a juicio?

-Hay que preguntárselo a él. Las decisiones de la Junta ad hoc de PDVSA se toman por mayoría, y todas las que se ejecutaron en el año 2019 tuvieron respaldo unánime de los directores.

-¿Para usted la resolución de la Asamblea Nacional del 27 de septiembre de 2016 negó categóricamente la legalidad del bono PDVSA 2020?

-Yo no soy abogado y tampoco estoy aquí para juzgar a la Asamblea Nacional, porque PDVSA no tiene la atribución para señalar lo que el Poder Legislativo debe o no debe hacer. Aprovecho para decirte que cuando algunos voceros señalan que nunca antes PDVSA había tenido que ir al Parlamento a pedir permiso, hay que responderles que nunca antes PDVSA tomó una deuda donde pusiera como garantía a un activo de la nación. Esta es la única vez en toda la historia de nuestra estatal petrolera donde tal cosa ha ocurrido.

-En una entrevista reciente el economista Francisco Rodríguez nos señaló que no es cierto que la única opción en octubre de 2019 era demandar; y menciona un ofrecimiento de préstamo que, según la agencia Reuters, hizo el fondo T. Rowe Price de 913 millones de dólares y, además, detalla unos estados financieros de Citgo, que a su juicio permitían cubrir la obligación con los bonistas.

-Yo te puedo decir con toda certeza que la Junta ad hoc de PDVSA no ha recibido ninguna oferta formal de financiamiento de nadie. Por otro lado, lo que el señor Rodríguez dice de Citgo es una opinión no informada, porque la realidad financiera de esa empresa es totalmente diferente a lo que él dijo y eso lo reportamos a la nación el pasado 5 de agosto en nuestra rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Pero digo que es una opinión no informada, porque una cosa es que la compañía tenga en sus estados financieros un dinero y otra que pueda utilizarlo para fines diferentes a los establecidos originalmente. Citgo está sobreendeudada y su estructura financiera no le permite tomar más deuda. Las personas que representan a los tenedores no deberían hablar de soluciones sin tomar en cuenta la viabilidad de las mismas.

-¿Por qué Citgo está sobreendeudada?

-Porque el régimen de Maduro empezó a sacar fondos de ella, desde que empezaron los problemas financieros de la República, es decir, del año 2015 en adelante. De hecho, el bono 2020 es parte de esa estructura de extracción de riqueza a PDVSA y Citgo. Esas deudas existen y menoscabaron la capacidad de la compañía de levantar más recursos para pagarles a los bonistas. Usar a Citgo para pagar el PDVSA 2020 significaba dos cosas, una, prácticamente declarar en default todos los compromisos propios de la empresa; y dos, repetir la mala práctica que veníamos criticando de tomar deuda mala para pagar otra deuda mala.

-¿Es viable todavía un acuerdo con los bonistas?

-Siempre. Siempre los acuerdos son viables mientras que tomen en cuenta los factores que nos limitan o nos condicionan: Resoluciones de la Asamblea Nacional, el precio de la deuda en el mercado, y la crisis humanitaria de Venezuela.

-¿Estamos mejor o peor hoy que el 27 de octubre de 2019, cuando se introdujo la demanda?

-Si no hubiésemos demandado el 27 de octubre de 2019 los bonistas habrían hecho una fiesta y tomado control de Citgo. La estrategia que se ha ejecutado ha permitido darles oxígeno a dos cosas: La primera, una negociación más justa y equitativa; y la segunda, a que se materialice el cambio político que hasta ahora no se ha podido lograr. Entonces, ante la pregunta de si estamos mejor o peor, yo te respondo que aún tenemos Citgo y eso es mejor que haberla perdido.

-Si usted asegura que han conversado antes y durante la demanda, e incluso dice que aún es viable un acuerdo con los bonistas, entonces, ¿por qué hay voceros que insisten en que no han negociado?

-Por la misma razón que hay gente que aún opina que la tierra es plana. Están mal informados.

-Es mucho lo que se ha dicho del alcance del lobby de los bonistas, ¿ha recibido usted algún tipo de presión para ejecutar una determinada decisión en el caso del PDVSA 2020?

-La junta de PDVSA nunca ha recibido presiones para pagar o no pagar, lo que hemos hecho es seguir las decisiones que la Asamblea Nacional ha tomado. Pero el asunto del lobby no es un tema menor, los acreedores tienen un músculo muy importante para cabildear en Estados Unidos y del lado de nosotros hay un país cuya situación social y política hace difícil la toma de decisiones. Eso hace que la negociación sea muy compleja. Por puro cálculo político de corto plazo nos olvidamos de que estamos tratando de enderezar los entuertos que nos dejaron los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro; a veces la propia dirigencia no deja trabajar por pequeñeces que no van a ningún lado.

-¿Qué tan atada estaba la estrategia de la defensa de activos en el exterior al llamado “cese de la usurpación”?

-Las decisiones se tomaron en un contexto donde se pensaba que el cambio político llegaría en poco tiempo. Una de las premisas en mi mente era que con el “cese de la usurpación” íbamos a tener una posición mucho más fuerte a la hora de negociar cualquiera de las deudas.

-¿Qué pasará después del 5 de enero de 2021 con los juicios?

-Mientras el Gobierno interino sea reconocido por el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, mantendremos el control de los juicios.

-¿Cómo está el ánimo en la Junta ad hoc de PDVSA en este momento?

-La junta ad hoc de PDVSA está constituida por personas que han decidido aportar su tiempo y conocimiento por nada a cambio, excepto la satisfacción de contribuir con la reconstrucción del país y muchos de ellos, después de un tiempo, se han preguntado si ese sacrificio vale la pena dada la pequeñez de las discusiones políticas que todavía hay sin que el objetivo principal se haya resuelto, que es devolver la democracia a Venezuela. Son distintos los precios que se han tenido que pagar: Familiares, económicos, persecuciones y calumnias. Lo peor es que muchas veces los ataques que recibimos provienen de fuego amigo; y eso, aunque espero que la historia lo enderece, es muy frustrante.