Juan Manuel Raffalli: “Que la oposición vaya a las elecciones regionales no legitima a Maduro”

Como abogado constitucionalista tiene una clara visión de los alcances de la actual situación del país, así como de los escenarios que se abren. Además, Juan Manuel Raffalli complementa su análisis desde su experiencia política y afirma “que la mejor manera de empezar a arrancarle el poder por pedazos” al régimen de Nicolás Maduro “es ganando muchas gobernaciones y alcaldías”. A su juicio, hay que tener una abundante actividad electoral y rescatar el voto como herramienta “o para controlar espacios o para deslegitimar más a Maduro”. Aunque muy compleja, hay por delante una ruta electoral de 27 meses aproximadamente: regionales, revocatorio y luego las presidenciales en 2024. De allí la importancia de que del diálogo en México salga, no solo en un cronograma electoral, sino en una sucesión de fases y etapas coherentes para la revigorización de nuestra democracia. “Quedarse en la casa es lo peor que puedes hacer”.

-Un sector de la oposición plantea que participar en las elecciones regionales es legitimar a Nicolás Maduro en la presidencia, ¿ese planteamiento es correcto jurídicamente?

-Quien diga que votar una elección regional es legitimar a los que están en Miraflores, no tiene ni idea de lo que es el funcionamiento de los poderes públicos en Venezuela de acuerdo con la Constitución. En nuestro país el poder estadal y el municipal, es autónomo; es decir que los gobernadores y alcaldes no dependen del Presidente, eso era antes de la descentralización, hoy esos señores están ahí, porque resultaron electos por la ciudadanía. Esta elección regional no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio de la Presidencia de la República que ha hecho Maduro a partir de mayo de 2018; y no lo legitimas por ir a este proceso. Es más, yo te diría que es todo lo contrario, que la mejor manera de empezar a arrancarle el poder por pedazos es ganando muchas gobernaciones y alcaldías.

-¿Considera que la comunidad internacional está leyendo este proceso de la misma forma que usted?

-La comunidad internacional está muy bien enterada de lo que pasa aquí y de lo que no, por eso saben perfectamente que en este momento no está en juego si Maduro va a seguir o no en la presidencia; sino sustituir el liderazgo a escala regional y municipal. Además, en todas partes del mundo está muy claro en que una cosa es una elección de gobernadores y alcaldes, y otra es la Presidencia de la República. Pero el punto medular es cómo va a quedar Maduro con este proceso, porque si lo trampea, el Consejo Nacional Electoral de Roberto Picón y Enrique Márquez va a denunciar las irregularidades y el oficialismo quedará descubierto frente al mundo nuevamente. Es al contrario: legitimas al régimen si dejas de ir, porque ellos harán la elección solos y luego venderán su narrativa.

-Entonces, ¿por qué no fuimos a las Parlamentarias de 2020, que eran más importantes para el país?

-Es que yo creo que hemos debido ir. La verdad es que cada vez que un país sometido a una dictadura tiene oportunidad de participar en una elección, debe hacerlo. Así sea para que se la roben, porque eso pone contra la pared al dictador y produce una bandera de lucha nacional e internacionalmente. Quedarse en la casa es lo peor que puedes hacer. Aquí lo único que nos queda es tratar de tener una abundante actividad electoral y rescatar el voto como herramienta, o para controlar espacios o para deslegitimar más a Maduro. Otras vías no existen.

–Michael Penfold nos decía en una entrevista, que la oposición debe conseguir en México un cronograma para la reinstitucionalización del país, donde la reelección indefinida quedara eliminada. ¿Usted qué opina?

-Coincido con Penfold, el tema no es únicamente hacer un programa electoral para ir a unas presidenciales o a un revocatorio. Para mí la reinstitucionalización no es solo lograr un cambio en la Presidencia de la República, sino reformar todas las ramas del poder del Estado, garantizando su verdadera independencia. Incluyendo el punto fundamental de la Fuerza Armada y su carácter apolítico y no proselitista, como lo establece el texto constitucional, que reconoce el derecho de los militares a votar, pero prohíbe la militancia partidista. Esto es un proceso complejo que debe empezar con el fortalecimiento de la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, porque lo que permitieron en 2018 no fue poca cosa: una elección presidencial a destiempo, con candidatos perseguidos y partidos inhabilitados. Todo esto tiene que ser el elemento central de la negociación en México.

-Pero, ¿cómo se puede aplicar esto que usted y Penfold plantean? Suena complejo, porque se traduce en la salida del chavismo del poder en un plazo relativamente corto.

-La reinstitucionalización tiene que empezar por el ejercicio de la soberanía popular de manera auténtica; y en eso tienen que participar quienes están ejerciendo el poder. Ellos deben sentir que ganen o pierdan elecciones, pueden seguir haciendo vida política en el país, porque cualquier fórmula que implique sacar al chavismo de Miraflores a empujones, va a fracasar, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Entonces, pienso que lo más viable es buscar un mecanismo para que la gente se exprese; y tenemos una ruta de 27 meses, aproximadamente, donde hay tres estaciones electorales: las regionales, el revocatorio y luego las presidenciales en 2024. Vamos a organizar este tren, para que la ciudadanía se manifieste y su voluntad sea respetada. Eso es muy distinto a decirle al madurismo: “Mira, tú te vas del poder y no puedes participar en nada”, que era la consigna que había aquí, hasta hace poco… Y a partir de ahí construir la nueva institucionalidad.

-¿Cuáles son los tres momentos clave que destruyeron la institucionalidad en Venezuela en estos 20 años de chavismo?

-El primero, sin lugar a duda, es la reelección presidencial inmediata, establecida en la Constitución de 1999, y luego la reforma para permitirla de forma indefinida; el segundo fue crear una Fuerza Armada bajo el velo del partido de Gobierno y convertirlos en gestores de políticas públicas; en tercer lugar, haber perdido la independencia del Poder Judicial. Para mí esos son los tres hitos.

-¿Es posible regresar a los militares al rol que tenían antes de la llegada de Hugo Chávez al poder?

-Eso solo se puede lograr con un proceso de formación institucional, unas reformas legales, y una gran estrategia de comunicación política. Aquí no se trata de que los militares regresen a los cuarteles, para no salir nunca; yo creo que a eso no vamos a volver, pero tampoco podemos seguir en este esquema, donde ellos son un partido político y manejan el país. Para esto es fundamental profesionalizar a la Fuerza Armada en su papel natural, que es la defensa de la soberanía del territorio y de la institucionalidad democrática. Si se mantienen en la gestión pública y activismo político, seguiremos mal; pero, para mí, esta situación es rescatable.

-En Venezuela tenemos engavetada una reforma constitucional de la que no sabemos nada, ¿usted conoce algún borrador o maneja información al respecto?

-Yo dudo mucho que esa Asamblea Nacional Constituyente (ANC) haya generado seriamente un proyecto de Constitución, porque ellos nunca se iban a atrever a ir en contra de la que hizo Chávez. La ANC fue una creación inconstitucional que usurpó el papel de la Asamblea Nacional electa en 2015, además, confesaron, con motivo de su disolución, que su objetivo nunca fue reformar la Carta Magna, sino “generar paz”. Yo no sé si existe ese papel de trabajo, pero lo cierto es que eso no tiene ninguna validez actual, ni siquiera referencial, porque, de paso, se requeriría una nueva ANC para volver a pensar en un mecanismo de sustitución constitucional. Por cierto, yo me opuse a la Constitución de 1999, pero es evidente que tiene una raíz lo suficientemente democrática como para que el régimen se haya visto en la necesidad de defraudarla sistemáticamente para preservar el poder. Si tuviéramos un Poder Judicial correcto, aquí no se hubieran dado una serie de situaciones que han mantenido a Nicolás Maduro y a su grupo en Miraflores.

-¿Desde la oposición se valora el tema de la reinstitucionalización y se entiende la importancia de la independencia de poderes?

-La oposición, que no es una y tiene distintas manifestaciones, debe empezar a asumir esto como una tarea fundamental, si seguimos en la política chiquita, del “quítate tú para ponerme yo”, no vamos a resolver el problema. Claro, también es cierto que sin un cambio político de fondo, donde se privilegie el sufragio, no puedes empezar a reconstruir nada. Por eso insisto en que del diálogo en México tiene que salir, no solo en un cronograma electoral, sino en una sucesión de fases y etapas coherentes para la revigorización de nuestra democracia.

-¿Usted cree que Venezuela todavía tiene anticuerpos institucionales para revertir las distorsiones que han ocurrido en estos 20 años de chavismo?

-Me veo urgido y emplazado a decirte que sí, porque si no esta lucha no tiene sentido. Es decir, lo que hemos venido haciendo desde las universidades, partidos políticos y la sociedad, tratando de liberarnos de un régimen que nos asfixia, indica que hay mucha gente que tiene la esperanza de que eso ocurra y por eso sigue luchando. En el ADN de la ciudadanía aún existen valores republicanos, por eso es que cuando se oye hablar, por ejemplo, del Estado comunal; ves que la gente reacciona muy negativamente, porque entiende que le están cambiando la organización político-territorial de la República donde ha pasado toda su vida.

-¿Qué opina de la Opinión Consultiva que ha impulsado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la reelección indefinida?

-Lo primero que debemos decir, es que el tema de la reelección indefinida ha sido evaluado por el derecho internacional desde los años ‘60, la Comisión de Venecia que era el espacio europeo para el estudio de la democracia, se ocupó de esto en el año 1959 y después ha sido un tema permanente en nuestro Continente. ¿Por qué? Bueno, porque la concepción de la democracia está asociada los derechos fundamentales del hombre, se considera un derecho humano, y, por eso, es que este tema genera tanta inquietud, porque está relacionado con el ejercicio de la libertad, el pluralismo, la igualdad en la participación política, la soberanía y bueno, sin lugar a duda, el derecho a la alternancia en el gobierno.

-¿Qué motivó a que la Opinión Consultiva de la CIDH tomara fuerza en este momento?

-Que ahora hay un neopopulismo que se centra no solo en capitalizar las demandas sociales insatisfechas, sino que culpa a las instituciones y crea el “nosotros contra ellos”. Empezando por Hugo Chávez, hasta el más reciente, que es Pedro Castillo en Perú; siempre buscan un cambio en la Constitución para culpar a los anteriores, incluyendo a las instituciones que existían, de las penurias de sus países. Y eso no es necesariamente así. Llevar a un solo hombre al poder para que sea el gran salvador, lleva a creer a esos individuos que están ungidos para gobernar de manera indefinida. De modo que, para mí lo que está haciendo la CIDH es una especie de tratamiento o de vacuna a lo que está ocurriendo en el Continente. Se trata de buscar una respuesta oportuna para tratar de evitar que se propague esta vocación de ejercicio perpetuo del poder en los países de la región.

-¿Cómo hacer para que los países de la región acaten lo dicho por la CIDH?

-Cuando los países pertenecen al Sistema Interamericano, deben asumir la plena aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos y de todas las instituciones pertenecientes a dicho sistema, están obligados. Sin embargo, quiero aclarar, esto no es una sentencia, es una opinión, pero tiene esa fuerza interpretativa y debería ser observada por todas las naciones miembros. Ah, pero ocurren casos como el Venezuela, que se sale del Sistema Interamericano porque este tipo de amarras no les gusta a los regímenes totalitarios. Si en Venezuela tuviéramos un Poder Judicial independiente, esto tendría plena efectividad, porque así lo establece la Constitución de 1999.