En la aldea
18 mayo 2024

Viene la injerencia

¿Por qué en vez de estar pensando en un revocatorio con pocas posibilidades no hay un empuje más enérgico, más colectivo, mejor estructurado, para llevar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional? La oposición atomizada podría unirse, tal vez, en torno a un cometido específico: fortalecer el trabajo de las ONG y organismos internacionales de derechos humanos con más pruebas, con más testimonios y denuncias que hagan bulto, todo bien documentado.

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Sebastián de la Nuez | 25 enero 2022

El gobierno madurista está bajo la lupa de importantes instituciones en el mundo occidental. En la pax bodegónica -etiqueta creada por el politólogo Guillermo Tell Aveledo- que se extiende sobre todo por Caracas, el conformismo crece gracias a esa cierta sensación de recuperación o al menos de abundancia, aunque las cosas estén más caras, dólar por dólar, que en los países más desarrollados. Así es Venezuela, la apaciguada: una paradoja.

¿Será extrapolable ese triunfo de la oposición en Barinas, tierra de los Chávez, al resto de Venezuela? Seguramente no, no al menos por ahora; pero hay una animación un poco histérica con el referendo revocatorio cuya posibilidad de realización se ha abierto; no parece que fuera a ser un camino más fácil que aquel que la oposición transitó ya en dos ocasiones con resultados bastante  tristes.

La oposición, atomizada, tal vez podría proponerse aprovechar el creciente descrédito del gobierno madurista y contribuir a debilitarlo por esa vía. El país democrático cuenta con el apoyo de prestigiosos entes internacionales.

Este 25 de enero de 2022 se lleva a cabo la sesión de presentación del Examen Periódico Universal (EPU) a Venezuela, un mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creado para evaluar la situación de los Derechos Humanos de los Estados miembros del organismo. Desde la realización del segundo ciclo del EPU en 2016, según recuerda un comunicado de IPYS (Instituto Prensa y Sociedad), el panorama de los Derechos Humanos en el territorio venezolano ha sido de restricciones y vulneraciones. La escena que enfoca asuntos como la libertad de expresión y el acceso a la información pública es de las más graves en el país. En los últimos cinco años, recalca la nota del IPYS, fenómenos como la censura, la opacidad, la desinformación, la persecución, el hostigamiento, y la criminalización han tomado mayor forma en  el país.

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En su segundo y por ahora último informe, de septiembre 2021, la Misión confirma terribles delitos cometidos por el gobierno venezolano. El referendo revocatorio ocupa ahora la atención en las redes pero es posible que no haya plena conciencia de lo que esos crímenes, debidamente confirmados por Naciones Unidas, comportan. Se habla de asesinatos con patrones previamente documentados por la Misión: ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones en el contexto de operaciones de seguridad en barrios humildes; dice el informe que «estos hechos requieren una investigación más profunda, pero los indicios disponibles muestran que han continuado a un ritmo acelerado». Esto comprende asesinatos y otras presuntas violaciones, incluidos actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual y de género, y detenciones arbitrarias.

Además se detectaron violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en la región del Arco Minero del Orinoco, que involucran ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia sexual y de género, por parte de miembros de las fuerzas armadas y de actores armados no estatales, incluyendo violaciones contra pueblos e individuos indígenas. Caso semejante en Apure y también frente a las protestas, sea donde sea que se localicen dentro del territorio nacional. Y a todo eso, el informe añade un acápite sobre el deterioro de la justicia, entre otros puntos: «En Venezuela, las reformas legales y administrativas que contribuyeron al deterioro de la independencia del sistema de justicia tuvieron lugar a lo largo de varios años, al menos desde la adopción de la Constitución de 1999».

“Los defensores de la justicia, aunque parezcan lentos y quizá lo sean, también juegan. Deberían salir del banco los de la oposición venezolana en vez de estar mirando lelos para un revocatorio”

El gobierno madurista parece tenerlo por norma: aplicar tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género, por parte de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia del Estado ante todo gesto de rebeldía o ante delitos comunes de la delincuencia común que debe ser tratada conforme a los Derechos Humanos por muy delincuente que sea.

El informe también dice que, en general «el Estado no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los Derechos Humanos (…). La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela confirma que los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país quedarán impunes si no se buscan alternativas a la justicia que no pasen por las instituciones estatales».

Hay un caso al que se refiere el abogado Alí Daniels, de la organización Acceso a la Justicia. Esa misma Misión había señalado en un informe anterior  varios casos de maltratos a jóvenes y estudiantes: en particular hubo uno, el 45, que vinculaba (o vincula) dos delitos, la tortura y la violencia sexual. Resulta que un muchacho apresado fue violado en un centro de detención en Maracaibo en 2017 (estaba detenido por participar en las protestas de ese año) y el gobierno madurista se ufanaba porque los involucrados en el caso fueron, según su propaganda, debidamente castigados. Se mostró como prueba de que en Venezuela se sanciona a los responsables, cuando justamente es una muestra de lo contrario. ¿Por qué? Primero porque en ese caso, la víctima y los testigos señalaron a once responsables. Pero primero hubo mucha violencia sexual verbal, desde que la víctima dijo que trabajaba por los derechos de los LGTBI quedó estigmatizado y le dijeron cosas muy crudas. Eso es violencia en el tratamiento. Pero segundo pero principalísimo, la víctima señaló a once responsables y los testigos confirmaron eso mismo (porque hay testigos). Hace un tiempo salió la sentencia condenatoria para diez de esas personas: ¿qué pasó con el undécimo? Que era el coordinador. No se trataba del jefe de la policía de Maracaibo o del estado Zulia, no; un simple supervisor. Hubo penas hasta de 23 años, cierto, pero solo fueron culpados y sentenciados los subalternos.

Ese es el comportamiento del madurismo a la hora en que no le queda más remedio sino tratar de demostrar que en Venezuela sí hay justicia.

Esa forma de proceder no va a poder seguir ante la presión y la autoridad que significa la Corte Penal Internacional (CPI). Ahí se está empezando a poner en práctica el principio de la complementariedad y eso está firmado por el propio Nicolás Maduro. La complementariedad es una de las bases del estatuto; como es imposible que la Corte juzgue todos los crímenes sobre derechos humanos que se dan en el mundo (nada más los de China y África darían para 200 años de trabajo), son los mismos tribunales nacionales los que deben ejercer la justicia… pero si hay madurismo se le ocurre montar una farsa, ahí otro elemento y es que la complementariedad puede cumplirse, por parte de la CPI, por causa de inacción. Y ya la fiscal anterior dijo que la había en el caso venezolano, inacción del Estado para castigar violaciones de los Derechos Humanos. Fatou Bom Bensouda resultó una aliada del pueblo venezolano.

El juego está abierto y los rusos no son los únicos que juegan fútbol, como está viendo el Vladimir Putin en estos días, quien no las tiene todas consigo para invadir a Ucrania y envenenar opositores a diestra y siniestra. Los defensores de la justicia, aunque parezcan lentos y quizá lo sean, también juegan. Deberían salir del banco los de la oposición venezolana en vez de estar mirando lelos para un revocatorio. Los supervisores, coordinadores, gerentes oficiales y directores y ministros y presidentes en la cadena de mando gubernamental -si son sospechosos de crímenes, torturas y violaciones- habrán de ser juzgados según estándares internacionales y no según los estándares del defensor del pueblo, el poeta que ojalá hubiese seguido siendo poeta.

Los juicios van a ser realizados en colaboración con la CPI, es decir, el fiscal actual, Karim Khan, supervisará esos juicios en Venezuela. Se acabó la soberanía según la cual cualquier supervisión foránea es injerencismo, esa palabreja que tanto gusta a la cúpula chavista.

@sdelanuez
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