El personaje cinematográfico “Cantinflas”, interpretado por el actor mexicano Mario Moreno, se caracterizaba por su peculiar discurso, en el que mezclaba frases convencionales, con aportes de su cosecha, obviedades y avances de doble sentido, todo pronunciado con aires de solemnidad que favorecían el efecto cómico. La idea era constituirse en espejo de la perorata oficial, presentando esta como una monserga al tiempo rimbombante y carente de sentido, pero dicha como si fuera una disertación plena de autoridad. El popular personaje ponía en escena no solo la vacuidad de ciertas oratorias sino, -y esto era lo más subversivo-, el hecho de que tales fárragos no eran inocentes ni respondían solo a la necedad e ignorancia del funcionario. Por el contrario, Cantinflas sugería que la jerigonza oficial tenía mucho de intencional, que el embrollo verbal era una estrategia no decir nada… pero dejar claro que siempre se tenía la razón. Y que, total, si usted no entendió al poderoso fue porque no quiso, porque lo que dijo estaba bien clarito.
Al leer las leyes redactadas por los regímenes de Chávez y Maduro para acabar con la libertad de expresión y con el derecho de las audiencias a estar informadas, viene a la mente la expresión petulante de Cantinflas mientras desgranaba sus disparates. Tal es el galimatías de esos artículos, pergeñados para cerrar medios de comunicación, impedir el escrutinio de la ciudadanía sobre las acciones del Gobierno, perseguir periodistas y editores, arrastrar gente a la cárcel por un comentario en redes sociales, dejar a un país ayuno de información acerca de los asuntos que le competen, desparramar el terror… y que todo sea legal.
-Ya va -piensa uno- pero, la Constitución del ‘99, la que Chávez se mandó a hacer para que le incluyeran la reelección vitalicia, ¿no decía, sin embargo, en el Artículo 51, que “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa”?
Sí, la Constitución decía eso y mucho más, pero eso no ha impedido que los regímenes de Chávez y Maduro hayan tejido una maraña de leyes para contradecir la Constitución, que consagra el derecho a decir, con “Leyes para silenciar”, que es el título, corto y diáfano, del reporte del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), dado a conocer el 15 de agosto de este año. Un reporte histórico, por cierto.
“Porque la censura, que el chavismo ha convertido en norma, nos disminuye, contribuye a nuestra opresión, acaba con cualquier atisbo de democracia”
El informe, escrito por el periodista Edgar López, es largo y pormenorizado. Cada una de las graves afirmaciones está sustentada con una serie de hechos. No es posible, pues, recoger todo en esta nota, aunque todo es relevante, todo es muy serio y todo nos afecta de manera directa y cruel a todos los venezolanos. Porque la censura, que el chavismo ha convertido en norma, nos disminuye, contribuye a nuestra opresión, acaba con cualquier atisbo de democracia y, como se han cansado de denunciar los sanitaristas, puede matar.
-En las últimas dos décadas, -establece el Reporte IPYS-, el ordenamiento jurídico venezolano en materia de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a la información pública ha sido diseñado con limitaciones e imprecisiones. El marco legal para regular y garantizar los derechos informativos en el país ha respondido a coyunturas favorables al Estado venezolano y ha legalizado la censura. Se promulgaron legislaciones para trabar y castigar la libre expresión y con deficiencias estructurales que erosionan los principios que debería salvaguardar. En algunas de las normas venezolanas promulgadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se establecen limitaciones con efecto amedrentador, sanciones penales desproporcionadas, terminologías vagas e interpretaciones discrecionales.
Dicho de otra manera, la “terminología vaga” que toda la vida hemos llamado cantinflérica, ahora es el arma de la dictadura para convertir a Venezuela en un desierto informativo y a muchos venezolanos en presos del miedo a exigir sus derechos y libertades, a enfrentar los abusos del poder y, en suma, a hacer cumplir la Constitución.
Las normativas para silenciar abordadas en el Reporte IPYS son:
–Ley Orgánica de Telecomunicaciones;
–Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión;
–Ley Constitucional contra el Odio y por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia;
–Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos y la de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.
Aunque desde la llegada de Chávez al poder, en 1999, hubo atropellos a la libertad de expresión, el Reporte IPYS se concentra, sobre todo, en el periodo 2006-2022: «La orientación al socialismo no se hizo explícita sino después de la reelección de Chávez en la presidencia de la República, en 2006. Al año siguiente, Chávez propone una reforma constitucional que fue rechazada por la mayoría del electorado. Sin embargo, insistiría en la enmienda constitucional para perpetuarse en el poder a través de la reelección indefinida de todos los mandatos de elección popular, lo cual fue logrado en 2009, por la cooptación del Poder Electoral por parte del Poder Ejecutivo».
Según los registros de IPYS, recogidos a lo largo de casi dos décadas, «en los últimos 10 años se contabilizaron 3.578 violaciones a las garantías informativas de los periodistas, medios y ciudadanos. En medio de este escenario cada vez más hostil, la censura sistemática ejercida desde el poder gubernamental ha logrado imponerse contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública en el país».
Datos del Reporte IPYS
*El 27 de mayo de 2022 se cumplieron 15 años del cierre de RCTV, la televisora más antigua de Venezuela. Otros 323 medios han desaparecido por la aplicación de una política de Estado.
*Desde 2005, la Conatel ha ejercido más de 150 acciones de censura, y suspendido la señal de seis televisoras extranjeras en Venezuela. Entre los canales de televisión suspendidos están: 24Horas (Chile), CNN Español (Estados Unidos), El Tiempo Televisión (Colombia), Caracol (Colombia), RCN (Colombia) y Todo Noticias (Argentina).
*Además de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000), la Asamblea Nacional de mayoría oficialista sancionó, en 2004, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para, entre otras cosas: “Establecer e imponer las sanciones a que haya lugar”. A través de una reforma de esta ley, en 2010, a la normativa se incorporaron los medios electrónicos, con lo que las restricciones a la radio y la televisión se extendieron al entorno digital y, particularmente, a las redes sociales. Emergió el bloqueo digital como un mecanismo de censura directa, aunque se delegó la vigilancia y ejecución de medidas a los proveedores de medios electrónicos, los cuales quedaron facultados para “establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones”. Si los proveedores no cumplieran tal disposición serían sancionados con multas.
*También surgió la figura de “terrorismo mediático”, incorporada a la retórica oficial, para aludir a mensajes que pudieran causar “zozobra en la ciudadana”, sin que se precisara cómo ponderar tal zozobra.
*La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos también prohibió mensajes que, a criterio del Directorio de Responsabilidad Social, desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas.
*La política de control y censura fue particularmente masiva en 2017, cuando ascendió a 49 el número de estaciones de radio censuradas por Conatel, con el pretexto de que no tenían concesión, lo que también afectó a estaciones que habían hecho sus solicitudes hasta diez años atrás, sin obtener respuesta. Esta ola de cierres de estaciones de radio solo es comparable con la actuación de Conatel en 2009, cuando cerró 32 emisoras.
*En 2017, la represión a manifestaciones contra Maduro causó 160 muertos. El Gobierno reaccionó con mayor censura, a través del recrudecimiento del andamiaje jurídico contra la libertad de expresión.
*Desde 2016, la Asamblea Nacional estaba en manos de mayoría opositora, pero el Tribunal Supremo de Justicia anuló sus facultades legislativas y contraloras.
*El oficialismo recurrió a la figura de la Asamblea Nacional Constituyente para sancionar leyes favorables al oficialismo, como la “Ley contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica”, con la que según el canal progubernamental Telesur se pretendía “contrarrestar la campaña de odio y violencia que ha sido promovida por los sectores extremistas de la oposición”.
Hay mucho más, desde luego. Aquí puede leerse el Reporte IPYS, 2022.