José Javier Tarazona Sánchez es un educador y profesor graduado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). También tiene una maestría y un doctorado. A los 17 años creó la Fundación Brigadas de Seguridad del Táchira (Fundabriseta), para contribuir al progreso social de los jóvenes, como una continuación de las actividades de voluntariado que realizaba en talleres -sobre VIH, métodos anticonceptivos, liderazgo- y jornadas recreativas y de esparcimiento. De ahí nació en 2005 Fundaredes, con la idea de educar y visibilizar a los más vulnerables. Junto con la UPEL puso en marcha el programa REDES que consistió en la realización de campamentos, seminarios, foros, talleres, excursiones y capacitaciones permanentes para formar un montón de activistas a favor de la defensa y la promoción de los Derechos Humanos en 15 entidades del país. Y eso está penado por la Justicia Roja. Esa es una actividad contrarrevolucionaria. Un atentado contra los “valores de la patria bolivariana”.
El 21 de julio Javier Tarazona arribará a los 41 años de edad. Hace unos días, el 2 de julio, cumplió dos años de detención arbitraria.
El expediente
El denominado Caso FundaRedes se ventila -dice la RAE que una acepción de ventilar es “renovar el aire enrarecido de un aposento o pieza cerrada”, -viene al pelo- en el Juzgado Tercero de Primaria Instancia en Función de Juicio (es un eufemismo) con Jurisdicción Nacional y Competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En nomenclatura no hay ahorro. A cargo de Aquiles Ignacio Vera. Expediente: 03JT-044-22. Número de detenidos: dos, un civil, un militar.
El civil es Javier Tarazona, recluido en el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana. Máxima Seguridad I. Helicoide.
Acusación: Traición a la patria, incitación o instigación al odio, terrorismo.
El militar es SM/2 Larry Ascencio Osorio Chía, también encarcelado en el mismo lugar que Tarazona.
Acusación: Traición a la patria, promoción o incitación al odio, revelación de secretos militares concernientes a la seguridad de la nación, asociación para delinquir. Podrían agregar, por si faltara algo, que miró de reojo a un superior.
“Tarazona fue detenido, encarcelado, torturado y acusado de lo que denuncia: la presencia de intereses foráneos, violentos y delictivos, en el país. La Justicia Roja es al revés”
Los “gravísimos” hechos cometidos por estos dos hombres expuestos (otro eufemismo) en el legajo del caso y con sus propios términos son los siguientes: el fiscal del Ministerio Público Renny Amundaraín los señala de ser operadores, colaboradores e informantes de entidades de gobiernos extranjeros para desestabilizar los gobiernos legítimamente constituidos a nivel mundial. Se basa en pesquisas de investigaciones realizadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en su dirección de investigaciones estratégicas, que en actividades de contrainteligencia para ubicar y aprehender a ciudadanos partícipes, copartícipes, vinculados a actividades desestabilizadoras en contra del Gobierno nacional elegido democráticamente, lograron conocer que a través de la ONG FundaRedes se coordinan actividades mediáticas desestabilizadoras con el apoyo del gobierno (debería decir gobiernos) de la República de Colombia y de los Estados Unidos.
A Tarazona se le acusa en particular de recibir remuneraciones, pasajes y hospedajes en otras naciones con el fin de sostener reuniones con agentes extranjeros -se les escapó que aquí debieron decir que ninguno era cubano-. Estos agentes extranjeros le giran instrucciones y les ordenan atacar mediáticamente al Gobierno nacional -se saltaron lo de “elegido democráticamente”- , así como revelar secretos políticos y militares, y pagar servicios de personas que tengan acceso a información confidencial militar.
A Ascensio Osorio Chía, detenido un mes después, se le acusa de compartir información confidencial, reporte de novedades militares e información sensible que atenta contra la soberanía nacional. Para ser un sargento sabía demasiado.
El expediente esquiva consignar las siguientes “menudencias” que un gobierno elegido democráticamente, que actúe democráticamente, y que se guíe por principios democráticamente aceptados, usaría para desechar de inmediato esta causa y proceder a liberar e indemnizar a Tarazona y a Osorio Chía.
Veamos: fue una detención arbitraria porque no existía orden de captura al momento de su aprehensión, incluso las actas del expediente evidencian contradicción en las fechas; fue una desaparición forzada, ni los familiares, ni los abogados de Tarazona supieron de él por más de 30 horas; fueron sometidos a torturas, como asfixia mecánica y suministro de sustancias que incidían en su conducta; le fue impuesta la defensa pública: su causa penal tiene retraso procesal: ha habido hasta 13 diferimientos; no se garantiza el derecho a la salud y la integridad personal. En fin, menudencias que se le esconden a los “sabuesos” del Sebin y a los armadores de este parapeto que son recontrainteligentes todos.
“Furia bolivariana”
Javier Tarazona era un tipo vigilado. ¿A quién se le ocurre documentar y denunciar la actuación de grupos irregulares en las fronteras venezolanas? A él y a su gente de FundaRedes que persisten en insistir y probar que la vocación de Venezuela, que las leyes y la Constitución de su país, son de origen, naturaleza y sustancia democrática. Él se sabía espiado.
La madrugada del 29 de marzo de 2020 un vecino lo despertó para que viera el grafiti pintado en la fachada de su casa: “La Furia Bolivariana (La FB) XXX”. A otros activistas de derechos humanos también les habían dejado el mismo recadito en sus viviendas. Recordó entonces que Maduro había advertido de la “visita” de la justicia: “Cuando les llega, salen a llorar por las redes sociales. La justicia les llegará a todos”. Diosdado Cabello, siempre tan cuidadoso con las formas, usaba también el #FuerzaBolivariana desde su programa televisivo Con el mazo dando.
Los grupos irregulares colombianos campean por las fronteras y por otras zonas del país como Pedro por su casa, con el placet concedido por lasautoridades y de eso se ocupó Tarazona que sabía, y sabe, de datos del narcotráfico en la frontera tachirense y de estados llaneros, de coordenadas de pistas clandestinas usadas para esos fines, de sembradíos de cocaína en los que trabajan niños de escuelas rurales, y también nombres de persona cercanas al Estado vinculados a esos “quehaceres”.
Preocupado por los avisos no disimulados, pero no amilanado, Tarazona presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fines de marzo de ese año 2020, organismo que le concedió medidas cautelares de protección el 18 de junio, menos de tres meses después de su solicitud.
La CIDH hace saber que ante la “gravedad de la situación” -la seguridad personal de Tarazona- una acción u omisión tendría un serio impacto al derecho que se intenta proteger; que la “urgencia de la situación” se deriva de que el riesgo o amenaza identificada se materialice; y que el “daño irreparable” se produciría si se vulneran derechos, que por su naturaleza no se pueden reparar, ni restaurar, y para los que no hay una adecuada indemnización (¿cómo se indemniza la tortura?). Y recuerda la Comisión que los hechos que motivan la solicitud de medidas cautelares “no requieren estar plenamente comprobados”.
Un año y unos días después. Tarazona fue detenido, encarcelado, torturado y acusado de lo que denuncia: la presencia de intereses foráneos, violentos y delictivos, en el país. La Justicia Roja es al revés.
La foto
El 30 de junio de 2021 Javier Tarazona, en su calidad de director general de FundaRedes, se dirigió a la sede de la Fiscalía General de la República, en el centro de Caracas, para pedir que se investigara la relación de altos funcionarios venezolanos, civiles y militares, con altos mandos de la guerrilla venezolana.
Entre la documentación que consignó en la Fiscalía, de manera pública y a plena luz del día, estaba una foto que desató la ira revolucionaria. En la imagen se ven en plácida conversación a Ramón Emilio Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior y ex gobernador del estado Guárico, junto a su esposa, y los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Nicolás Rodríguez Bautista (alias Gabino), Eliécer Herlinto Chamorro Acosta (alias Antonio García) e Ismael Ramírez Pineda(alias Beltrán). Apenas unos días después, el denunciador, sería apresado.
Tras su gestión en Caracas, Tarazona partió para Coro, en el occidente del país, para dictar talleres sobre derechos humanos. Pronto él y sus colaboradores se percataron de que agentes policiales locales y del SEBIN y otros hombres de civil, pero con toda la pinta de agentes de seguridad, vigilaban el local donde se impartirían las clases. A la mañana siguiente, decidió concurrir junto a su hermano Rafael y Omar de Dios García, otro activista de FundaRedes, a la Fiscalía de Coro para denunciar el acoso y la persecución policial. De ahí salieron esposados. Fueron trasladados en avioneta a Caracas y luego a la cárcel de La Planta. Días después su casa familiar en San Cristóbal, en la que reside su mamá, doña Teresa, fue revisada de arriba a abajo sin ninguna orden de allanamiento y su madre llevada a una comisaría policial e interrogada.
Comenzaba el caso FundaRedes. El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, -corbata roja, rostro de poeta y, por lo oído, escasa memoria de un pasado muy lejano de defensor de derechos humanos-, desestimó las denuncias de Tarazona por falta de pruebas y dijo de él una frase que consagra su alta pericia jurídica: “este señor, dijo, es un adicto a las narcoseries, a las narconovelas de Colombia, y transmuta lo que ha ocurrido en Colombia hacia nuestro país”. Motivos más que suficientes para ser un traidor a la patria.