La teniente del ejército Carla Yancelys Antón Farías “se desahogó conmigo… [Me dijo] que habían personas con las llaves para tomar los parques”, relató un testigo durante el juicio. Eso fue todo lo que Carla se desahogó con él y, solo por eso, el Tribunal Militar Quinto de Juicio emitió la sentencia de Carla: siete años y seis meses de prisión por instigación a la rebelión.
De acuerdo con la fiscalía, la rebelión iba a ocurrir el 15 de junio de 2019 con la toma violenta de la instalación El Parque del Fuerte Paramaconi en Maturín, estado Monagas. La responsabilidad de la teniente Antón era asegurar El Parque y apropiarse de municiones y vehículos tácticos, pues ella era la comandante de la unidad 3210 de la Compañía de Sanidad y la oficial parquero de la unidad 3203 de la Compañía de Abastecimiento y Transporte, ambas unidades de la 32 Brigada de Caribes.
Así comenzaría la “desestabilización institucional del estado Monagas” y ésta culminaría con las detenciones de la entonces gobernadora Yelitze Santaella -actual ministra de Educación-; del general de división Ovidio Delgado, entonces comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI); y del general de brigada Ernesto Edmundo Pérez, quien se desempeñaba como comandante de la 32 Brigada de Caribes. A las tres autoridades las obligarían a renunciar a sus cargos.
La rebelión no ocurrió. Pero Carla fue detenida el 19 de junio de 2019. Cuenta su hermana Yanmarys Antón:
“Mi hermana fue a entregar su guardia a las 7:00 de la mañana y la llamó su superior. Con él estaba un funcionario de la DGCIM. La acusaron, la detuvieron, se la llevaron sin ninguna orden. Ella sigue detenida y a todas estas no hay ni una prueba, ella no tiene nada que ver con el supuesto secuestro de la que era gobernadora de Monagas, pero ni le dieron derecho a defenderse”.
A Carla se la llevaron a un cuarto oscuro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ubicado en el Fuerte Paramaconi y allí fue sometida a insultos, sin derecho a tomar agua ni alimentarse, ni a recibir visitas. Cuatro días después, el 23 de junio, la trasladaron a la Prisión Militar de Ramo Verde, en el estado Miranda, a más de 430 km. de Cumaná, donde viven sus hermanas y su madre.
“Supimos que la habían trasladado a Ramo Verde como quince días después, porque Carla buscó la manera de avisarnos. Entonces, nosotras buscamos la manera de viajar hasta allá, ni sabíamos dónde quedaba esa cárcel ni cómo llegar, ni cuándo eran los días de visita, ni qué podíamos llevar, no sabíamos nada”, recuerda Yanmarys.
En noviembre de 2019, comenzaron las audiencias preliminares en Maturín y se llevaron a la teniente al área de procesados militares de la Cárcel de La Pica. Allí, por lo menos, la madre de Carla la pudo visitar una que otra vez. Pero:
“A mí no me no me gustó -dice Yanmarys-, porque una vez llevé a mis niños y también los revisaron: a la niña me la pusieron a medio quitarse el pantalón y a sacudirse el pelo, y al niño me le mandaron a quitarse el pantalón y el interior. No los llevé más. A mí, la última vez que fui, me mandaron a quitar toda la ropa, soltarme y sacudirme el pelo, y brincar”.
A finales de septiembre de 2020, las compañeras de Carla le dieron una golpiza. Un familiar, que pide no revelar su nombre, cuenta que fue por orden del capitán de navío y director Carlos Cotuño, “porque él quería que ella participara en un pranato y ella se negó. El director no quiso firmar la declaración que ella hizo de la golpiza. Dijo que ella era mala conducta”.
Hay que decir algo más: la golpiza que le dieron a Carla es otro de los tantos ejemplos de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en vez de combatir la violencia contra la mujer, la golpea.
Carla no recibió atención médica. Fue aislada y hasta le negaron el agua. Pese a estas torturas, ella permaneció en este centro de detención. El 2 de noviembre de 2021 comenzó el juicio y tras la sentencia, el 6 abril de 2022, Carla fue trasladada a Ramo Verde otra vez:
“Allá está, encerrada lejísimo. Desde que se la llevaron la primera vez, yo la he visto tres veces nada más. Mi mamá tiene dos años que no la ve. Carla depende de la ayuda de los familiares de otros detenidos en Ramo Verde, porque nosotras no podemos viajar todos los fines de semana”.