La negociación entre Estados Unidos y el régimen venezolano avanza. Aunque cada vez más parece sólo cosa de dos, ahora aumenta la presión para que se firme un acuerdo con la delegación opositora antes de las elecciones primarias, previstas para el próximo 22 de octubre.
La lejana Doha, capital de Catar, ha sido la sede de las reuniones entre la administración Biden y los representantes del régimen de Nicolás Maduro. La delegación opositora no ha participado en esas conversaciones y sólo ha tenido encuentros en Caracas con su contraparte del oficialismo, reuniones mayoritariamente virtuales con los americanos, en las que estos le han informado sobre los avances con Maduro.
Como la delegación opositora no ha tenido el mismo protagonismo de otras negociaciones, al día de hoy desconocen aspectos y detalles fundamentales del acuerdo que podrían refrendar en breve, según confirmaron varias fuentes.
Tal y como han reseñado varias agencias internacionales, la negociación entre la Casa Blanca y Miraflores está basada en una importante flexibilización de las sanciones a cambio de condiciones electorales para las presidenciales de 2024. Esto incluiría que el Gobierno permita las primarias opositoras, acepte observación internacional, abra la inscripción del Registro Electoral y levante las inhabilitaciones políticas, siendo esto último una piedra de tranca que ha demorado el acuerdo durante meses. El acuerdo también incluiría la liberación de una buena cantidad de presos políticos.
A priori un acuerdo de esas características suena bien, el problema radica en la falta de garantías que obliguen a Maduro a cumplir los compromisos, según relatan distintas fuentes. Al menos hasta ahora la oposición no conoce esas garantías. Por esta razón no todos los integrantes de la delegación opositora están convencidos del todo de la conveniencia de firmar el documento.
Otro problema adicional es que María Corina Machado, amplia favorita para ganar las primarias, no tiene representación formal en la delegación, como sí la tienen Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, además de Primero Justicia y Voluntad Popular. La fecha de las primarias, pero sobre todo, el eventual triunfo de Machado es lo que aumenta la presión de distintos actores para firmar el acuerdo antes del 22 de octubre. Una fuente vinculada a la negociación destacó que la líder de Vente Venezuela fue invitada desde el primer momento a formar parte de la mesa, pero ella se negó, por no querer estar en ningún mecanismo que pudiera aliviar sanciones al régimen de Maduro. Ahora, comenta la fuente, busca protagonizar la negociación y deshacer mucho de lo adelantado.
¿Qué gana y qué pierde cada factor?
El ganador más importante sería Nicolás Maduro. Lograría una serie de licencias para Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) que, en la práctica, le permitiría a la estatal un funcionamiento amplio. Esto se traduce en dinero para el Estado, porque se acabaría la venta de petróleo con descuento que ha estado realizando en los últimos años a intermediarios fantasmas; y que en la administración de Tareck El Aissami provocaron un megahueco en PDVSA por crudo despachado, pero no cobrado.
También habría una autorización para que compañías como la italiana ENI y la española Repsol puedan retomar negocios con la petrolera venezolana.
En la práctica, tal y como ha ocurrido durante años con el chavismo, PDVSA será la caja chica de Maduro en la campaña presidencial de 2024. Por eso es en PDVSA donde los delegados de Maduro en la negociación han concentrado la atención, relegando temas concernientes al Banco Central de Venezuela y otras instituciones financieras también afectadas por las sanciones.
Con el acuerdo, Maduro también ganará cierta legitimidad o, al menos, tendrá algo que le permitirá hacerse un lavado de cara ante la comunidad internacional. No en vano, desde 2018 el régimen chavista ha sido ampliamente cuestionado y rechazado en foros internacionales.
El único riesgo para Maduro está relacionado a algún mal cálculo con las concesiones electorales, ya que podría llevarlo a perder la elección presidencial en 2024. Sin embargo, la consecuencia segura de que el oficialismo no cumpla lo acordado será, seguramente, que la flexibilización inicial que recibirá de Estados Unidos se revierta. Recordemos que la licencia de la petrolera Chevron debe ser renovada cada cierto tiempo por Washington.
Estados Unidos: es el segundo favorecido con el acuerdo que hoy está previsto, porque tendría acceso a petróleo y gas venezolano a mediano y largo plazo. Aunque la producción de PDVSA por ahora solo ronda los ochocientos mil barriles diarios, eso podría aumentar en los años venideros.
Los convenios petroleros a los que se llegue podrían tener una doble función, porque con ellos Washington buscará despegar a Maduro de sus amigos más cercanos: Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, entre otros.
Otro elemento no menos importante es que en 2024 también hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, y con el acuerdo con Caracas la administración Biden evitaría que los republicanos ataquen la campaña demócrata por la inacción de la Casa Blanca ante la crisis venezolana; debate que seguramente será de interés en feudos como el de Florida y otros estados donde el voto latino es cada vez más importante. En otras palabras, para Washington el acuerdo también es importante, aunque los intereses y necesidades de la administración Biden no necesariamente son los mismos que tiene la dirigencia opositora y la sociedad venezolana.
Sin embargo, el actual Gobierno de Estados Unidos también tiene que perder si Maduro incumple los compromisos firmados, porque va a lucir como una potencia débil que se deja engañar por un dictador quebrado del tercer mundo; y también le daría tiempo valioso al régimen venezolano para fortalecerse política y económicamente. Esto, como decíamos antes, no pasará por debajo de la mesa en un año electoral y sin duda causaría daño a la aspiración del Partido Demócrata de mantenerse en la Casa Blanca.
La oposición: por ahora pareciera que es quien menos recibirá con este convenio, puesto que, de aceptar firmar, podrán hacer las primarias y tendrán una cantidad de promesas sobre condiciones electorales a futuro, que, a pesar de que por ahora no hay detalles de cómo sería el cumplimiento por parte del oficialismo, de materializarse podrían ayudar a que las presidenciales de 2024 sean medianamente justas.
Para perder tienen mucho, un mal acuerdo sería desastroso para la unidad y para cualquier posibilidad de lograr un cambio político el año que viene. Revitalizará al madurismo y la oposición quedará desmoralizada frente al país, una vez más, por refrendar un acuerdo en el que no tuvo mayor protagonismo.
¿El último guiño de Biden a Maduro?
En las últimas horas se ha conocido que Washington evalúa la posibilidad de sacar de la lista de sanciones a los hermanos Santiago y Ricardo Morón Hernández, quienes son muy cercanos a Nicolás Maduro Guerra y a la familia Maduro-Flores.
Estos hermanos, de origen zuliano, han ganado mucho poder a la sombra del hijo de Nicolás Maduro Moros y eso se ha traducido para ellos en negocios de toda índole: mineros, petroleros, importaciones para organismos de seguridad, entre varios más. Debido a esto los Morón Hernández entraron en la lista de sancionados de la OFAC en el 2020; y una eventual eliminación de las medidas que pesan en su contra, sería un evidente guiño a la pareja presidencial, por parte de la administración Biden.
No sería la primera que vez la Casa Blanca decide excluir gente cercana a la familia Maduro-Flores de la lista de sancionados, recordemos que en 2021 Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, extesorero de PDVSA y encargado de manejar el dinero y los negocios de la pareja presidencial, fue sacado de la lista de la OFAC.
Otro gesto importante de la administración Biden a la familia Maduro-Flores fue la liberación, en el año 2022, de Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores, que se encontraban presos en una cárcel norteamericana tras haber incurrido en delitos de narcotráfico.
En conclusión, de las tres partes que podrían validar el acuerdo, sólo dos tienen beneficios garantizados: Nicolás Maduro y Estados Unidos. La oposición está en desventaja. A pesar de que la firma podría darse antes del 22 de octubre, aún no se sabe dónde será y no es claro que sea en México.
A todas estas, y bajo la acostumbrada excusa de que “no se puede negociar frente a los micrófonos”, ni el Gobierno ni la oposición le han informado al país sobre este tema. Lo que genera una entendible desconfianza de parte de la sociedad. Los días venideros serán cruciales para la definición de este mecanismo.