Ligia Bolívar: «Cualquier reparación a las víctimas de tortura y persecución le corresponde directamente al Estado venezolano» 

El escenario institucional venezolano no atraviesa una transición democrática, sino un frío reacomodo de fuerzas. Así lo advierte la socióloga y defensora de derechos humanos Ligia Bolívar, quien sostiene con una mirada técnica y frontal que las pretendidas reformas y leyes de amnistía impulsadas desde el poder no borran los crímenes de lesa humanidad ni extinguen las responsabilidades penales.

En conversación telefónica desde Alemania —donde recientemente recibió el Premio Rudolf Benario de Derechos Humanos 2026, otorgado por la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU)—, la investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y coordinadora de Alerta Venezuela subraya el papel crucial de los migrantes forzados, a quienes define como los verdaderos “custodios de la evidencia” frente a instancias como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.

Para Bolívar, cualquier vía de reparación a las víctimas de tortura y persecución exige que el Estado venezolano asuma de forma directa su responsabilidad a través de la verdad, la sanción a los perpetradores y la restitución pública de su dignidad.

—Tras recibir el premio Rudolf Benario en Alemania, usted comenzó un estudio con migrantes y refugiados ¿De qué trata esta investigación? 

—Como investigadora he venido acompañando procesos de justicia internacional y transicional. Durante estos tres meses en Alemania realizaré grupos focales con personas migrantes y refugiadas para indagar sobre su percepción y demandas, tanto hacia la justicia venezolana como hacia la internacional.

En el ámbito internacional analizaremos tres vertientes: el proceso en curso ante la CPI, el balance de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y los litigios bajo jurisdicción universal abiertos en países como Argentina y otras jurisdicciones en curso. Procuramos abarcar una muestra con perfiles diversos para reflejar distintas realidades. Aunque el grueso del levantamiento de datos se hará en Alemania, el estudio también incluirá consultas en España e Islandia.

—Al recibir el galardón, señaló que el mundo suele repetir errores del pasado al cerrar fronteras y judicializar la migración. ¿Cuáles son esas fallas históricas y qué deberían asumir los países de acogida frente al desplazamiento forzado de venezolanos?

—Primero, evito llamarlos «países de acogida» porque considero que ese es un término que debe ganarse mediante acciones concretas; prefiero denominarlos «países receptores» porque están allí y asumen la llegada de migrantes casi a regañadientes. Un país de acogida recibe con brazos abiertos, aplica políticas flexibles y comprende que la migración venezolana ha sido forzosa, no planificada ni voluntaria. 

Hice mención a las lecciones del pasado porque me encuentro en Núremberg, una ciudad emblemática por los juicios históricos posteriores a la guerra, pero que también vio nacer las leyes represivas y de exclusión del Tercer Reich, donde a los judíos se les despojó de la nacionalidad, se les criminalizó y expulsó ante el silencio colectivo. Ese patrón se replica hoy en la región. Vemos a Estados Unidos criminalizando, persiguiendo y expulsando a la población migrante, con un silencio cómplice de los gobiernos del continente. En el caso venezolano ese silencio es alarmante.

El régimen de facto calla ante las deportaciones —tal como guardó silencio ante el bombardeo de embarcaciones bajo el argumento de que transportaban delincuentes—, pero tampoco se ha escuchado un pronunciamiento protector de figuras que aspiran al liderazgo opositor, como María Corina Machado o Dinorah Figuera, frente a venezolanos deportados incluso a destinos remotos como Liberia o agresiones como la ocurrida recientemente contra un connacional.

—Tomando en cuenta que usted cataloga a los migrantes no solo como víctimas sino como “custodios de la evidencia” ¿Cómo se conecta esta cruzada jurídica internacional con la realidad de un país donde el miedo sigue paralizando a la sociedad y el aparato represivo se mantiene intacto?

—Debemos entender que este trabajo se proyecta a mediano y largo plazo, pues estamos hablando de justicia transicional, y para que ésta exista debe haber una transición política previa. En Venezuela actualmente no hay una transición; lo que existe es un reacomodo de fuerzas en el poder. En este escenario es natural que persista el miedo, más aún cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) caracterizó la situación postelectoral posterior al fraude del 28 de julio de 2024 como terrorismo de Estado. Es plenamente comprensible que las personas dentro del país actúen con prudencia y se cuiden al momento de denunciar.

Aun así, hemos visto a personas excarceladas que, tras sufrir prisión política, han tenido la valentía de relatar públicamente las torturas que padecieron. Sin embargo, la inhibición ciudadana seguirá latente mientras las instituciones no demuestren un viraje genuino: no hemos visto a una Fiscalía General ni a una Defensoría del Pueblo citando a estas víctimas para formalizar denuncias e investigar penalmente a los torturadores. Ante esa inacción y la falta de garantías, se justifica el escepticismo de la gente. Allí radica la conexión estratégica con el exterior: quienes están fuera gozan de mayor libertad y seguridad para testimoniar y seguir documentando las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.

—Esa documentación no parte de cero.

—En absoluto. Hace dos años la Corte Penal Internacional recopiló más de 9.000 formularios remitidos por víctimas que sustentaron por qué desconfían de la justicia nacional y por qué es indispensable que avance la investigación internacional. Lo propio ha hecho la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas. Se trata de organizar, sistematizar y robustecer todo ese acervo.

—Aunque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU finalmente aprobó renovar el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos frente a los intentos del gobierno por frenarla, ¿qué estaba en juego para las víctimas y qué destino tiene el volumen de pruebas ya acumulado?

—De no haberse renovado el mandato, las víctimas habrían perdido la oportunidad de seguir documentando hacia adelante, pero lo ya documentado no se pierde ni se destruye. Ese expediente queda y se puede utilizar de distintas maneras y en diferentes momentos. Por ejemplo, se abren vasos comunicantes entre esa información recabada por la Misión y el expediente que instruye la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, así como con los procesos abiertos bajo jurisdicción universal. El trabajo realizado no se archiva; queda intacto y se sigue utilizando. 

—Voceros gubernamentales argumentaban que existen avances internos, como debates de leyes de amnistía o supuestas reformas judiciales para no renovar el mandato. ¿Constituye esto una rectificación real del Estado?

—Ese discurso evidencia un desconocimiento absoluto de estos mecanismos. Una ley de amnistía, aun si estuviera bien diseñada y ejecutada —que no es el caso actual—, no exime la investigación ni la sanción de violaciones masivas a los derechos humanos. La amnistía parte de reconocer que el Estado ejerció una persecución política arbitraria contra inocentes y les otorga libertad plena; no funciona como una patente para borrar atrocidades previas. No es admisible pretender que una supuesta rectificación presente elimine las barbaridades perpetradas en el pasado.

—¿Cómo evalúa la labor y la capacidad operativa de las ONG dentro de Venezuela bajo el actual cerco gubernamental?

—El trabajo sostenido de documentación de la sociedad civil venezolana fue precisamente el que logró la creación de la Misión de Determinación de los Hechos en 2019, la apertura de la investigación en la Fiscalía de la CPI y el impulso de casos de jurisdicción universal. Esa tarea no se ha detenido. Las restricciones operativas son graves: existen instrumentos legales y regulaciones sublegales orientadas a estrangular a la sociedad civil en su conjunto, como la normativa del 15 de agosto de 2024 que obliga a un nuevo registro forzoso. Al imponer trabas para reinscribirse, las organizaciones quedan imposibilitadas de asentar actas de asamblea y renovar firmas bancarias para manejar sus donaciones legítimas. Es una política de asfixia sistemática, pero aún bajo crecientes dificultades, las ONG continúan documentando las atrocidades.

—En este escenario, ¿quién debe responder por la reparación integral a las víctimas de torturas y detenciones arbitrarias? ¿Qué papel le corresponde al Estado, a los tribunales internacionales o a mediadores como Estados Unidos?

—La reparación del daño no opera por vía indirecta: debe ser asumida directamente por el perpetrador o por el Estado venezolano en su conjunto, que fue quien provocó la lesión a través de sus agentes. Ni Estados Unidos ni la justicia internacional pueden suplir esa obligación directa. Lo que sí corresponde a las instancias internacionales es determinar la magnitud y alcance del daño para exigir el resarcimiento correspondiente. La CPI, por ejemplo, contempla fondos de reparación posteriores al juicio. Incluso en escenarios complejos —donde un jerarca alegue insolvencia económica—, existen equipos rastreando activos producto de la corrupción estatal que podrían afectarse a fondos de reparación. Con todo, la reparación no es estrictamente monetaria: una tortura no se compensa con dinero. Para la mayoría de las víctimas la reparación auténtica radica en el reconocimiento oficial de la verdad, la sanción a los culpables y la rehabilitación pública de su memoria y reputación, desmontando el lenguaje de odio institucional que las tildó de terroristas, golpistas o traidoras. Reparar implica reconocer que se cometieron crímenes de manera deliberada, no simples «excesos» o «errores».

—A propósito de las más de 900 personas que han sido procesadas bajo la Ley contra el Odio, según el Foro Penal ¿Puede coexistir una amnistía con el derecho irrenunciable a la verdad y a la justicia?

—El resarcimiento en estos casos exige reconocer que las imputaciones carecieron de todo sustento fáctico y legal, restaurando el honor y la dignidad de las víctimas. Jurídicamente puede amnistiarse el señalamiento de ciertos delitos, pero los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles. Cualquier intento de utilizar una ley de amnistía como un velo de impunidad es jurídicamente inviable: las víctimas conservan el derecho de acudir a los tribunales en el momento oportuno para reabrir esas causas, exactamente como ha ocurrido décadas después con los crímenes de las dictaduras del Cono Sur.

—En el plano político se desarrolla un nuevo proceso de negociación —el noveno intento en los últimos años—. ¿Qué elementos diferencian este intento de diálogo de los anteriores?

—Mi terreno no es la especulación sino los hechos. La diferencia real la marcan los hechos y, de momento, no tenemos ninguno para evaluar. Jorge Rodríguez es una persona sumamente hábil para emplear términos que se prestan a distintas interpretaciones. Ya anunció, por ejemplo, que habrá elecciones «según lo que dice la Constitución». Pero según la Constitución ya hubo una elección presidencial y su mandato fue desconocido, por lo que apelar a palabras bonitas no necesariamente se traduce en realidades. Ocurrió exactamente lo mismo con los acuerdos de Barbados: se prometió levantar inhabilitaciones políticas conforme a la ley, pero el oficialismo reinterpretó el marco legal a su conveniencia. Dijeron también que se abriría el Registro Electoral bajo pautas constitucionales y terminaron excluyendo a millones de venezolanos. Por tanto, si este proceso guarda semejanzas o diferencias con los anteriores es algo que solo determinarán los hechos.

—¿No resulta una contradicción de origen sentarse a negociar las reglas del juego con los mismos actores que destruyeron institucionalmente el pacto social?

—Ese es un dilema que se ha presentado en muchos países; el núcleo del problema radica en quién se sienta del otro lado de la mesa y el grado de legitimidad que ostenta ese interlocutor. En Alerta Venezuela advertimos formalmente a inicios de enero que, cuando la negociación es impulsada por una potencia extranjera que además se arroga la potestad de seleccionar a los interlocutores, las transiciones nunca terminan bien. La historia demuestra que cada vez que una intervención foránea impone a los actores del diálogo, el resultado ha sido adverso. Me ciño a los hechos comprobables, no a las promesas retóricas de Donald Trump o Marco Rubio. Ahora bien, sentarse con el oficialismo es perfectamente viable y necesario porque son ellos quienes detentan el poder y no se les puede ignorar, lo determinante es a qué tipo de acuerdos se llega y cuánta legitimidad tienen esos acuerdos en función de los interlocutores.

—Lleva varios años residenciada fuera de Venezuela. En el escenario actual, ¿se plantea volver al país o qué condiciones tendrían que darse para su regreso definitivo?

—Tengo siete años viviendo en el exterior y estoy por cumplir 70 años. Salí de Venezuela empujada por la emergencia humanitaria, recién concluido un tratamiento oncológico. El obstáculo de fondo no es meramente político, sino la destrucción generalizada de la infraestructura pública que ejecutó el Partido Socialista Unido de Venezuela a lo largo de 27 años. El retorno no depende únicamente de contar con garantías para expresarse sin poner en riesgo la vida o la libertad, sino de algo tan elemental como saber qué ofrece el sistema de salud venezolano para continuar con mi control oncológico. Es el mismo cálculo que hace un padre o una madre de familia con dos o tres hijos en Colombia: no van a regresar precipitadamente ante una eventual transición porque en las escuelas colombianas sus hijos tienen clases de lunes a viernes y alimentación garantizada. 

Nadie con sentido de responsabilidad trasladará a su familia a una Venezuela sin agua ni luz regular, donde los colegios operan dos o tres días por semana y no brindan comida. La superación de una emergencia humanitaria compleja no ocurre de la noche a la mañana. Podría volver de forma puntual para contribuir en áreas específicas o para reencontrarme con los míos, pero radicarme de manera permanente es sumamente complejo por la magnitud del deterioro. Todos quisiéramos regresar, pero a una Venezuela que garantice plenamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales

—Mientras la administración de Donald Trump promueve una narrativa de éxito e ingresos petroleros hacia Venezuela, puertas adentro persisten la inflación, los apagones y el descontento social. ¿Cómo analiza ese contraste entre el discurso de Washington y la realidad interna?

—Es otra muestra palpable de cómo los discursos se divorcian de los hechos. Trump puede asegurar que Venezuela marcha bien y que la población baila sobre un barril de petróleo, pero la realidad desmiente esa estampa. La Casa Blanca se embarcó en una aventura irresponsable creyendo que controlaría el tablero con rapidez, tal como pretendió hacerlo con Irán, pero el conflicto venezolano es mucho más complejo. Las tres fases proclamadas por Marco Rubio ni siquiera se han cumplido en su primera etapa. 

En vista de que la popularidad del gobierno estadounidense cae estrepitosamente a nivel interno, Trump siente la urgencia de exhibir un trofeo y pretende vender a Venezuela como un caso de éxito ante su propia audiencia, prometiendo una riqueza que en la práctica no existe. De hecho, congresistas y senadores estadounidenses ya están exigiendo cuentas sobre esos fondos. Nos encontramos ante una doble opacidad: la que históricamente ha ejercido el régimen venezolano y la que ahora impone la administración de Estados Unidos.

—Frente a la incertidumbre y el desgaste de la sociedad, ¿cuál debe ser la brújula ética y política en este momento y qué papel le corresponde asumir al ciudadano?

—Han sido 27 años de atropellos, ataques y humillaciones que han deteriorado el sentido de lo público y la comprensión misma de la ciudadanía y del apego a las leyes. El norte ético y político impostergable debe ser la reconstrucción del concepto de ciudadanía y la reapropiación del espacio público bajo el entendimiento de un Estado de derecho. Quienes aún preservan la vivencia de lo que fue la democracia venezolana tienen el deber de transmitir esa memoria a las nuevas generaciones. 

Un joven de 25 o 27 años no ha conocido otra realidad que el abuso de poder, el atropello y la sumisión institucional, por lo que no se le puede exigir respeto a las instituciones si jamás vio operar un sistema con separación de poderes. Por esa misma razón resulta tan frustrante el silencio del liderazgo opositor, que ha renunciado a apelar a esa noción amplia de ciudadanía. No es admisible guardar silencio frente a los atropellos que comete Estados Unidos contra la población migrante venezolana, así como tampoco frente a los desmanes del chavismo. Si la administración estadounidense incurre en las mismas prácticas que el chavismo, callar porque se les considera aliados implica legitimar la falta de respeto a la institucionalidad.

—¿Existe el riesgo de que ese pragmatismo termine sellando una transición pactada entre élites, a espaldas de la justicia y los derechos humanos?

—Ese es precisamente el peligro. Cuando las transiciones se negocian exclusivamente entre cúpulas y con interlocutores impuestos por una potencia foránea, ese suele ser el desenlace: acuerdos que relegan a las víctimas. Es un escenario latente, pero el mundo también ofrece otros referentes. Nelson Mandela se sentó a negociar cara a cara con sus carceleros, pero nunca terminó pareciéndose a ellos. Esa es la diferencia ética de fondo. 

Lectura recomendada Elsa Cardozo: “en América Latina se perdió el compromiso democrático”