La exjueza y conductora de la televisión que aspira a llegar al TSJ

Los juzgados, las candidaturas políticas, la universidad y hasta los platós de televisión son escenarios habituales para la controversial abogada penalista Gloria de Pinho Ferreira. Ex juez penal y ex directora de prisiones, la jurista volvió a postular su nombre para ocupar uno de las 32 magistraturas en juego en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La designación parte de los acuerdos de la mesa de negociación entre una delegación opositora de la Asamblea Nacional (AN), electa en 2015 y representantes del oficialismo encabezados por el presidente de la cuestionada AN de 2025, Jorge Rodríguez. 

A diferencia de procesos anteriores, en los que personas y hasta militares cercanos al chavismo coparon el máximo juzgado, la nueva designación genera un cauto optimismo entre los juristas involucrados y los dirigentes de los partidos opositores que participan en las conversaciones, por la supervisión que, en los hechos, ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre el proceso.

En este nuevo escenario, consecuencia de la operación militar estadounidense del 03 de enero, surge una incipiente expectativa de que el nuevo Tribunal no esté a las órdenes del Ejecutivo o del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aunque el escepticismo sobre el resultado todavía flota en el ambiente. 

El pasado 23 de septiembre de Pinho introdujo ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso en el que pidió la “nulidad absoluta” de la Ley Contra el Odio. Organizaciones internacionales como la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela han criticado esta legislación y recomendaron derogarla o reformarla “sustancialmente”.

“El escrito es para que a través de la Sala Constitucional se revise si efectivamente los artículos 13, 14, 20 al 25 y la disposición transitoria segunda son constitucionales, si no hay violación al debido proceso”, indicó la abogada, quien añadió que tiene un doctorado en materia constitucional y penitenciaria, en una comunicación telefónica con La Gran Aldea.  

Aunque este es un planteamiento similar al hecho desde filas opositoras, su aparición en la sede de la esquina de Dos Pilitas en Caracas originó que en las redes sociales se le acusara de “alacrán”, con publicaciones de fotos en las que aparece con el ex candidato presidencial Luis Ratti. Los cuestionamientos hacia la candidatura de la abogada también hacen alusión a las opiniones en contra de opositores que de Pinho ha dado en medios asociados con el oficialismo, como el ahora desaparecido Venezuela News, vinculado a Alex Saab. De Pinho rechazó estas publicaciones: “Se encargan de sembrar y de inyectar veneno”, respondió. 

La jurista dijo que no es “ninguna aparecida, ni ninguna paracaidista” y citó sus más de 30 años en el poder judicial. Atribuyó los calificativos y cuestionamientos a su independencia política a seguidores de la dirigente opositora María Corina Machado, con quien se midió como candidata en las elecciones primarias que ganó la líder de Vente Venezuela en 2023. “Es solo porque no estoy de acuerdo, porque mi líder no es María Corina. Jamás he descalificado a María Corina, primero porque es mujer y yo apoyo a las mujeres, lo que no comparto es su ideología, no la acompaño desde el punto de vista político”.

Negó, igualmente, tener vínculos amistosos con los dirigentes políticos acusados de ser “alacranes” como Luis Ratti. “No somos amigos. Él fue a mi oficina en tres oportunidades para pedirme que me uniera a su partido. Me daba risa que la gente diga que yo era del partido de Luis Ratti. Primero, ¿cuál partido? Porque él nunca tuvo partido y, en segundo lugar; la foto. Si yo me tomo una foto contigo eso no significa que seamos carnales, que seamos amigos entrañables”.

Historial judicial

Los archivos de las sentencias que están en la página del Tribunal Superno de Justicia (TSJ) registran que la jurista tuvo sobre su despacho, en 2014, el caso de la exjuez María Lourdes Afiuni, cuando era juez titular en la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas. El de Afiuni es uno de los casos más emblemáticos sobre las denuncias de intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. El 11 de diciembre de 2009, un día después del arresto de la juez, Hugo Chávez aplaudió su detención y pidió la “pena máxima” para la abogada. El pasado 7 de agosto la juez recibió la libertad plena, luego de que organismos como la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas condenaran su detención.

El documento publicado en la web judicial indica que de Pinho pidió inhibirse del caso de Afiuni. “Me parecía que había una relación de confianza y amistad y por otro lado mi hermano trabajaba con ella y obviamente la capacidad subjetiva se encontraba vulnerada. La apreciación de los hechos iba a ser completamente diferente a una persona que no tiene ningún tipo de vinculación amistosa”, explica cuando se le consulta sobre su decisión.

A pesar de esta “relación de confianza y amistad” que menciona, de Pinho declina dar una opinión sobre el caso de la ex juez. “No suelo opinar sobre algo que no conozco. Nunca tuve en mis manos el expediente, nunca supe qué fue lo que pasó y por lo tanto mal puedo emitir un pronunciamiento, o una opinión sobre algo que desconozco”, argumenta. 

El otro caso de relevancia nacional que vivió lo hizo desde una acera distinta, como abogado. Fue representante legal de su yerno, el ex fiscal 55º nacional auxiliar Luis Javier Sánchez Rangel. El exfuncionario integraba un equipo que investigaba casos de corrupción en los contratos de Pdvsa en la Faja Petrolífera del Orinoco. En agosto de 2017, poco después de la destitución de Luisa Ortega Díaz, las autoridades lo arrestaron y el nuevo fiscal general, Tarek William Saab —designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente—, lo acusó de corrupción y extorsión.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU cuestionó el proceso contra el exfiscal por violar el debido proceso, y la justicia finalmente lo liberó y absolvió de todos los cargos en septiembre de 2022. Pese a ello, en marzo de ese mismo año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de presunto lavado de dinero procedente de fondos que, según las autoridades estadounidenses, se obtuvieron mediante sobornos en Venezuela.

Consultada sobre su opinión sobre ese caso, de Pinho consideró que Sánchez Rangel “fue el conejillo de indias” de la causa. “Fue el chino de Recadi. Mientras que Luisa Ortega Díaz se escapó del país con los fiscales, con sus directores de despacho y con los fiscales superiores”. Lamentó que sus nietos nacieron mientras Sánchez estaba en prisión.

“Muy pocas personas saben el sufrimiento por el que nosotros pasamos. Casi cinco años con esa angustia y zozobra de lo que significa tener un familiar preso” y consideró que el caso prueba que no tiene influencias políticas en el chavismo. “Si fuese enchufada o alacrana no hubiese tenido a mi yerno preso durante cinco años”. 

Entre la pantalla y los tribunales

Probablemente la faceta más conocida de Pinho sea su programa de televisión Palabra Final –un Talk Show en el que ejercía de árbitro entre personas que aceptan someterse a sus decisiones- que inició luego de culminar su labor como juez penal. Al respecto, la ex funcionaria relata que su aparición en la pantalla es algo que la acompaña desde los 18 años de edad.

“Fui modelo, trabajé en RCTV, estuve en el Miss Venezuela y después de eso empecé a trabajar en un programa que se llamaba Sala de parejas. En el momento en que incursiono en TV es cuando me jubilo, me ofrecen el contrato en Venevisión Plus y acepto y lo demás es historia”. 

La ex juez sigue teniendo una fuerte presencia mediática en sus propias redes sociales y en televisoras. Globovisión suele entrevistarla con frecuencia, un canal que pertenece al abogado Raúl Gorrín, a quien autoridades de Estados Unidos acusan de presunto lavado de dinero proveniente de Pdvsa.

Consultada sobre si tiene algún vínculo con Gorrín, cuyo canal ha vetado a dirigentes de la oposición que no cuentan con el beneplácito del dueño, aseguró que no lo conoce. “Sé que era abogado en el momento que yo estaba de juez y litigaba, pero nunca tuve ningún contacto con esa persona”.

Su hijo, Ángel Ramírez de Pinho, es médico traumatólogo y ha sido nombrado en distintos cargos en el Ministerio de Salud. Por ejemplo, en 2022 fue designado como Director General de la Dirección General de Gestión de Servicios Hospitalario. En febrero pasado fue designado como Director del Hospital General del Oeste “Dr. José Gregorio Hernández”, en Caracas, aunque apenas un mes después, la medida fue dejada sin efecto en otra resolución. 

Una publicación del portal infodio asegura que Ramírez de Pinho es representante en Venezuela de la empresa española Treseus, que fue sancionada por Estados Unidos por comercializar petróleo de Pvdsa y cuyo dueño, Juan Fernando Serrano Ponce, fue asociado por medios internacionales a Gorrín. Gloria De Pinho negó cualquier vinculación de su hijo con esta empresa.

“No. No pertenece a ninguna de esas empresas. Él es médico. Trabaja en el Hospital Militar y en la Clínica Metropolitana”, dijo.