Chevron se ha convertido en un actor clave dentro de la compleja dinámica energética y política de Venezuela. A lo largo de las últimas dos administraciones estadounidenses, su presencia ha estado condicionada por sanciones, licencias especiales y crecientes cuestionamientos por parte de la diáspora venezolana.
¿Pero que significa que la OFAC emita una licencia especial? Se trata de un permiso emitido por el gobierno de EE. UU., a través de la OFAC, que permite realizar actividades económicas o comerciales específicas que normalmente estarían prohibidas por las sanciones. Funcionan como excepciones previamente autorizadas y abiertas al público, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
Recientemente agencias internacionales como Bloomberg anunciaron que la administración Trump estaría dando una segunda extensión a su autorización de permanencia para la liquidación total de actividades en territorio venezolano. Sin embargo, no se explico que esa virtual extensión no permitiría que Chevron pudiese producir y exportar crudo de manera amplia como lo venía haciendo desde Noviembre del 2022.
La realidad es que en la madrugada de este martes 27 de mayo se venció la LG 41B, y con ella la posibilidad de Chevron de continuar operaciones en territorio venezolano. Se espera que en las próximas horas diferentes agencias anuncien medidas alineadas con la política energética de la administración Trump 2017 – 2021.
Durante la primera administración de Donald Trump, Chevron operaba en Venezuela bajo una política de presión máxima hacia el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de las sanciones, la empresa logró mantener una producción promedio de entre 60,000 y 70,000 barriles diarios gracias a la Licencia General 8, que le permitía realizar ciertas actividades esenciales dentro del país. Esta licencia, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), era parte de un marco más amplio de sanciones dirigidas a limitar el financiamiento del régimen.
En noviembre de 2022, la administración Biden marcó un cambio de rumbo al emitir la Licencia General 41, que autorizó a Chevron a ampliar sus operaciones en Venezuela. Por primera vez en años, la empresa pudo producir, exportar crudo y enviarlo a refinerías en Estados Unidos, alcanzando un pico de producción de 300,000 barriles diarios. Esto cambio debido a la emisión de las nuevas licencias 41A y 41B por parte de la nueva administración Trump, las cuales establecieron que las operaciones debían restringirse a actividades mínimas y de «liquidación ordenada» de los activos en el país. Esto generó una desaceleración inmediata en la producción y una pausa en nuevas inversiones.
En septiembre de 2024, organizaciones ciudadanas lideradas por venezolanos en EE. UU. alzaron su voz ante lo que consideraban una posible extralimitación de Chevron respecto a lo autorizado por la OFAC. Desde Houston, en representación de Unidad Houston se denunció lo siguiente: “Exigimos se les explique a los venezolanos los términos del acuerdo privado que existe entre PDVSA y Chevron que le permite a la corporación norteamericana producir, exportar y colocar el crudo en refinerías estadounidenses y posteriormente cobrar el petróleo venezolano. Eso no está permitido por nuestra constitución”.
Meses más tarde, distintos reportes confirmaron que Chevron estaba realizando pagos de dividendos a PDVSA y otras agencias del Estado venezolano, lo que generó indignación en sectores de la diáspora que interpretaron esta acción como una violación de las condiciones establecidas en las licencias emitidas por la administración Biden.
Las protestas se intensificaron tras las elecciones del 28 de julio de 2024, que dieron como vencedor a Edmundo González Urrutia. Activistas denunciaron que los ingresos generados por la renta petrolera no se estaban destinando a políticas sociales ni a mejoras de servicios públicos, sino a fortalecer los mecanismos de represión del régimen. En ese contexto, surgió la consigna: “Chevron está produciendo petróleo de sangre”.
Desde Houston y Miami, la comunidad venezolana organizada solicitó a la nueva administración Trump que tomara medidas más firmes para cortar las vías de financiamiento del régimen de Maduro. En aquel momento se afirmó: Nuestro objetivo no es sacar a Chevron de Venezuela. Nuestro objetivo es sacar a un régimen criminal que nos ha llevado a la peor crisis humanitaria de la historia. Vamos a necesitar de Chevron y de las mejores empresas petroleras del mundo para convertir a Venezuela en el centro energético de las Américas.
La actual estrategia estadounidense parece combinar la continuidad de sanciones con mecanismos de control como las licencias 41A y 41B, junto con la amenaza de aranceles secundarios de hasta 25% a los países que compren petróleo venezolano. Bajo el liderazgo del Secretario de Estado Marco Rubio, esta política busca limitar el alcance financiero del chavismo. Aunque dentro del propio gobierno americano han surgido visiones distintas, como las del enviado especial Richard Grenell, la línea general apunta a un enfoque más estratégico.
Hoy, con una producción nacional en declive y con China, India y Europa posicionándose como principales compradores de crudo venezolano, el dilema para la comunidad internacional es claro: ¿Están dispuestos estos países a asumir las consecuencias de los aranceles secundarios? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro inmediato del mercado petrolero venezolano.
En definitiva, las licencias de la OFAC no solo son herramientas técnicas de cumplimiento normativo. En el caso venezolano, se han convertido en instrumentos de presión política, de negociación diplomática y de organización ciudadana. El desafío está en lograr que su uso contribuya, no a sostener regímenes autoritarios, sino a abrir caminos reales hacia la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible en Venezuela.
Jorge Márquez, Ingeniero de Petróleo residenciado en Houston, TX. Especialista en Políticas Públicas y miembro de la organización de la Diáspora Venezolana Unidad Houston.