Doral ya no es la Caracas soñada de María

“Mamá, ¿por qué le tienes miedo a la policía, si la policía está para protegernos?”. Han pasado cuatro semanas desde que María y su esposo Pablo evitan cruzar la puerta de su casa. Diego, su hijo de ocho años de edad, no para de preguntar por qué: por qué ya no van al parque, por qué suspendieron las clases de natación y, sobre todo, por qué dejaron de asistir a la terapia que el niño necesita todas las tardes.

Diego es ciudadano estadounidense, al igual que su hermana Sofía, de cuatro años, pero sus padres son venezolanos. Hace nueve años que María y Pablo viven en Doral, una ciudad dentro del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida. Su población supera los 80 mil habitantes, de los cuales cerca del 40 % son de origen venezolano. No por nada es conocida como “Doralzuela”.

La Caracas de su sueños

Aquello era, en principio, “la Caracas que todos en algún momento soñamos (…) Bonita, perfecta, segura (…) Llena de venezolanos por todos lados”. Esa fue su primera impresión tras dejar atrás un país roto en 2017, año de protestas antigubernamentales, e hiperinflación.

Hoy, en cambio, cada vez que un semáforo se pone en rojo, la invaden los nervios. Durante esos segundos los vidrios de su carro se convierten en una amenaza. «¿Qué carro tendré al lado?» «¿Quién viene detrás?» «¿Será una camioneta grande y oscura de inmigración?» «¿Será que puedo voltear?», y cuando lo hace se da cuenta de que en el carro de al lado hay otra persona en la misma situación que ella.

Las redadas

Las alarmas no son fruto de la paranoia. Las patrullas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recorren Doral continuamente. CBS News Miami documentó que el miércoles 16 de septiembre varios agentes detuvieron a un grupo de personas en una estación de servicio cercana a la intersección de la calle 41 Noroeste con la avenida 107.

Un mes antes, el 15 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó que quienes perdieron la cobertura del Estatus de Protección Temporal (TPS) debían abandonar el país de inmediato bajo advertencia de deportación. A partir de esa orden, los operativos se dispararon. No obstante, desde finales de 2025 la prensa local ya registraba un “éxodo” de venezolanos en Doral, impulsado por el temor colectivo. María palpa ese ambiente en cada esquina.

“Hay miedo, angustia y desesperación (…) Para mí Doral era una extensión de Caracas, ¿ahora? Ahora parece un pueblo fantasma”, relata la caraqueña que solía vivir en Chacao.

Nadie quiere exponerse. El retraimiento coincide con la cifra récord de 50.925 arrestos que reportó ICE en agosto, un pico que superó las 49.571 capturas de julio. “Por eso hago todo a través de deliveries”, relata María. En cuatro meses apenas ha salido dos veces a comprar víveres y medicinas de urgencia, y lo hizo solo porque no encontró repartidores disponibles. “Cuando entré, los pasillos estaban desiertos. Hasta los vendedores se asombran cuando ven entrar a un cliente”.

En la zona hay comercios con caídas de hasta un 70 % de sus ventas debido al temor. Frente a este contexto, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, manifestó comprender la angustia de los comerciantes, aunque recordó que los gobiernos municipales carecen de facultades legales para restringir la actuación de las autoridades federales de inmigración.

Una ciudadana ejemplar

María no entiende por qué se siente “perseguida” y “acechada” si no ha hecho nada malo, pero le preocupa su estatus migratorio, su petición de asilo sigue pendiente de respuesta. Su temor aumentó más cuando a inicios de septiembre, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) anunció que la salida del poder de Maduro representa un cambio sustancial en las circunstancias de Venezuela, lo que instruye a los jueces migratorios a examinar los casos de asilo.

El temor de que ella y su esposo sean detenidos y sus dos hijos queden desamparados no la deja en paz. Para blindar a la familia, el matrimonio canceló cualquier actividad fuera de las cuatro paredes del hogar. Los niños ya no van a natación, no han vuelto a comer en restaurantes y las invitaciones a las fiestas de cumpleaños infantiles se rechazan de antemano.

Convertida en una suerte de maga doméstica entretiene a sus hijos para maquillar el aislamiento. Cuando toca salir primero revisa las redes sociales para saber cómo está la situación en la ciudad. Mide cada trayecto con precisión. Esquiva las avenidas principales, transita por calles poco concurridas y reza en silencio. “Siempre encomendada a Dios”, repite.

¿Volver?

La idea de volver a Venezuela ha estado presente en sus pensamientos, pero, a pesar de la detención de Nicolás Maduro y el proceso de “transición”, aún no considera que el país tenga la estabilidad suficiente para ella y su familia. Las terapias, los beneficios y la educación especial que recibe su hijo, quien está dentro del espectro autista, difícilmente podría estar garantizado en una Venezuela cuyas fallas de infraestructura y precariedad sanitaria persisten.

“Agradezco profundamente las oportunidades que Estados Unidos le ha brindado a mi familia, especialmente por la atención médica y escolar de mi hijo, pero al parecer aquí no nos quieren”, dice.

Atrapada entre un regreso inviable y la incertidumbre de ser deportada en cualquier momento, María mira por la ventana de su apartamento en Doral. Afuera, las palmeras y las avenidas conservan la esencia de una ciudad que prometió darle lo que no pudo encontrar en Venezuela.

Adentro, en el silencio de su sala, ella, al igual que tantos connacionales, anhelan volver a salir a la calle sin miedo y disfrutar de los espacios que ellos impregnaron de la identidad venezolana.

Los nombres de los entrevistados fueron cambiados en resguardo de sus identidades.

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