Después de acompañar a refugiados y escuchar a sobrevivientes de La Guaira, una pregunta viene a mi encuentro: ¿quién tiene derecho a decidir el futuro de un país cuya gente ha aprendido a sobrevivir sin Estado en situaciones límites? Venezuela está sostenida por personas echadas pa’ lante, capaces de resistir, organizarse y seguir viviendo a pesar de las grandes ausencias.
La pregunta nace de lo vivido. Mientras jóvenes removían escombros con sus manos, vecinos, iglesias y organizaciones autónomas se movilizaban para salvar vidas sin asistencia estatal. Los escombros se convirtieron en un doble símbolo: edificios caídos y un Estado desmantelado. Mientras el poder permanecía ausente o aparecía representado por hombres armados, la gente se organizaba para proteger la vida.
El terremoto mostró lo que las élites políticas y el régimen se niegan a reconocer: el pueblo venezolano no es una población pasiva que espera ser rescatada desde arriba. Es una sociedad que ha creado formas de resistencia, convivencia y organización. Sobrevive mediante redes familiares, comunitarias, religiosas y vecinales. Ha sostenido al país durante décadas de destrucción sistemática. Sin embargo, cuando llega el momento de negociar la transición, vuelve a ser tratado como espectador.
Se plantea una negociación entre grupos de élite, dos asambleas carentes de legitimidad. Toda salida de un conflicto necesita acuerdos y toda transición democrática requiere negociación. El problema no es negociar, sino hacerlo como si la sociedad no existiera, de espaldas a sus decisiones.
Cuando la negociación queda reducida a las élites, el pueblo aparece como instrumento, utility. La exclusión resulta grave porque ha sido la sociedad la que ha pagado el costo de la destrucción: familias separadas por la migración, madres sosteniendo hogares con salarios miserables, comunidades reparando servicios abandonados, iglesias alimentando a quienes padecen hambre y ciudadanos removiendo escombros ante la ausencia estatal.
Quienes padecen la destrucción no pueden ser convocados solamente para legitimar acuerdos alcanzados por otros.
Existe una contradicción profunda: se exalta al pueblo cuando vota, protesta, se organiza o resiste, pero se le exige silencio cuando llega el momento de decidir. Se celebra su valentía, aunque se desconfía de su palabra. Se invoca su sufrimiento para justificar la urgencia de un acuerdo, mientras se negocia sin permitirle intervenir en su contenido.
Una negociación democrática debe ser más que un acuerdo de élites en un entorno autoritario. Supone devolver a la sociedad la capacidad de intervenir en las decisiones que afectan su existencia. Implica reconocer que la legitimidad democrática reside en el pueblo y se expresa mediante el voto libre, auténtico y respetado. La gente ya eligió a María Corina Machado el 22 de octubre de 2023 y a Edmundo González el 28 de julio de 2024. ¿Dónde están los elegidos en la negociación para la transición? ¿Dónde está la gente?
Esos liderazgos deben conducir, negociar y transmitir la voluntad popular desde un vínculo real con la sociedad, no sustituyéndola. La representación democrática no consiste en hablar por la gente, sino en que lo dicho y decidido tenga consecuencias políticas.
La negociación debe responder a las urgencias de la gente: garantizar el derecho a la libertad, sin presos políticos ni en sus casas ni en las cárceles, reconstruir hospitales, recuperar los servicios públicos, proteger a las comunidades y reparar a las víctimas. También debe impedir que el Estado vuelva a organizarse para controlar y reprimir, en lugar de proteger y servir. La sociedad no puede ser una simple escenografía para legitimar acuerdos ya alcanzados, sino para incorporar sus demandas, establecer las prioridades de la reconstrucción y vigilar el cumplimiento de lo acordado.
El terremoto reveló una sociedad viva. Mientras las estructuras oficiales fallaban, la gente compartía recursos y protegía la vida. Esa experiencia tiene consecuencias políticas. La sociedad que salvó vidas con sus manos tiene derecho a intervenir en la reconstrucción de la república.
Venezuela no puede ser negociada como territorio, posición geopolítica o conflicto entre élites. Es una sociedad herida y organizada. Las élites podrán redistribuir el poder y los gobiernos extranjeros facilitar o garantizar compromisos, pero solo la gente puede otorgar legitimidad a la reconstrucción.
Después de tantos años sobreviviendo sin Estado, el pueblo no necesita que otros decidan por él. Venezuela no es el objeto del acuerdo: debe ser su sujeto. Porque un país puede negociarse desde arriba, pero solo puede reconstruirse desde adentro. La reconstrucción es un hecho más complejo que la sola reparación física. El desafío es construir la democracia.