10 pasos para crear una “república duradera”

En una rueda de prensa celebrada en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Estado, Marco Rubio, resumió el diagnóstico de la situación actual de Venezuela y los objetivos de las políticas de la administración de Trump. Tanto el diagnóstico como los objetivos responden a un análisis agudo y certero de la crisis venezolana. Lo que falta, sin embargo, es un plan de acción concreto que vincule el diagnóstico con los objetivos. 

El punto de partida del diagnóstico del secretario Rubio es que Venezuela “está lidiando con casi veintitantos años de destrucción (…) económica y de otro tipo”. En efecto, el principal problema no es ya la ausencia de Estado de Derecho, sino la ausencia de Estado. Venezuela es hoy un Estado frágil. Sus débiles instituciones han sido coaptadas por organizaciones informales, en muchos casos de naturaleza criminal.

Como he explicado en con anterioridad, Venezuela requiere no solo una transición democrática. Requiere, antes que nada, una transición del Estado frágil y criminal al Estado funcional y de justicia. 

La fragilidad estatal ha arrastrado una crisis económica única, cuyos signos, como bien resumió el secretario Rubio, son la mayor deuda soberana del mundo y una economía basada en la cleptocracia (incluidos “contratos preferenciales de los que hay que desenredarse”). 

En lo político, además, el secretario Rubio reconoce la naturaleza no democrática del régimen venezolano actual. Por ello, es necesario “sentar las bases y reconstruir las instituciones necesarias para realizar elecciones libres y justas”. 

Ese diagnóstico coincide con los argumentos legales que el Gobierno de Estados Unidos presentó el 2 de octubre en el juicio contra Maduro, seguido ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El régimen de Maduro es considerado ilegítimo y responsable de acciones criminales. 

El objetivo

A partir de este diagnóstico, las políticas de Estados Unidos se orientan a construir una “República duradera”. No basta con celebrar elecciones ni con derogar las instituciones económicas predatorias. Esas reformas de poco servirán si no asientan las bases de un gobierno republicano duradero. Así, como bien concluyó el secretario:

“Lo que amenazaría una República duradera en Venezuela sería que alguien resultara electo y heredara una catástrofe completa, económica y social, y entonces todo el proyecto quedara en peligro”. 

¿Y qué es una “república duradera”? El secretario Rubio empleó la expresión en el sentido de la tradición constitucional de Estados Unidos. Que, en sus bases, es similar a la de Venezuela. Una república es, ante todo, un gobierno que derive de la voluntad popular, sometido al imperio de la Constitución y orientado al bien común. 

Las causas de la grave crisis política y económica de Venezuela se encuentran en el abandono de la tradición republicana y en el intento de edificar un Estado comunal totalitario, inspirado en las instituciones políticas de Irán y orientado al beneficio personal de la élite gobernante. Todo esto es lo opuesto al gobierno republicano orientado al bien común.

La meta final de las políticas de Estados Unidos, según el secretario Rubio, es “una elección libre y justa en la que los líderes de ese país tengan la credibilidad en la que el sector privado pueda confiar”. 

Este es el mismo objetivo expuesto en el escrito presentado el pasado 2 de octubre en la causa penal contra Maduro. El objetivo de las políticas es impulsar la recuperación económica y la reconciliación política, para ayudar al pueblo venezolano a avanzar “a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno electo”. 

El camino hacia una República duradera

James Madison, actor clave en el diseño constitucional de Estados Unidos, observó en El Federalista n.º 51 que, al diseñar un gobierno, primero hay que dotarlo de la capacidad para controlar a los gobernados y, luego, obligarlo a controlarse a sí mismo. Precisamente, la República duradera en Venezuela requiere reconstruir las capacidades estatales para constituir un gobierno representativo al servicio del bien común. 

¿Cómo llegar a ese objetivo? Hasta ahora se ha señalado que Venezuela no está lista para celebrar elecciones, pues no existen condiciones de integridad electoral. Para abordar ese problema, el Gobierno de Estados Unidos ha insistido en la necesidad de un proceso gradual. Coincido con este diagnóstico: hoy en Venezuela no hay condiciones para celebrar elecciones libres y justas que sienten las bases de la reconciliación nacional para establecer una República duradera, y es necesario un proceso gradual para establecer condiciones mínimas de integridad electoral.  

Lo importante, por ello, es definir una ruta clara de las condiciones que deben cumplirse, de manera gradual, para alcanzar ese objetivo. Quedarse solo en el diagnóstico no sirve, pues las condiciones no se van a arreglar. Alguien tiene que arreglarlas, y ese alguien son los venezolanos con el apoyo de Estados Unidos. 

Hoy la cuestión ya no es saber que Venezuela no está lista, sino qué condiciones hacen falta para que lo esté. 

Sin pretender agotar el tema, a continuación resumo los diez pasos concretos necesarios para sentar las bases de una República duradera por medio de elecciones libres: 

1. Fin de las inhabilitaciones políticas: todas las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría quedan sin efecto de pleno derecho, de modo que nadie podrá ser excluido de la contienda electoral por esa vía.
2. Libre asociación política y partidos sin intervenciones: se agiliza el registro de organizaciones políticas, que quedan autorizadas automáticamente si el CNE no responde a tiempo, y se anulan las intervenciones judiciales de partidos. Además, se garantiza la libre asociación con fines políticos más allá de los partidos, de modo que movimientos, grupos de electores y organizaciones ciudadanas puedan constituirse y actuar sin autorización previa.
3. Libertad de expresión y de manifestación sin mordazas: se derogan la Ley contra el Odio y las leyes “antibloqueo”, y se impide castigar opiniones con conceptos vagos como “odio” o “traición a la patria”. Asimismo, se garantiza el derecho de reunión y de manifestación pacífica, sin permisos discrecionales ni criminalización de la protesta. También se garantiza el acceso a la información pública, incluidos los datos electorales.
4. Sociedad civil sin cerco: se derogan la ley de fiscalización de ONG y los demás controles que han asfixiado a las organizaciones no gubernamentales, y se garantiza que los partidos puedan financiarse libremente, con transparencia.
5. Un registro electoral confiable e inclusivo: se depura y actualiza el registro con la cédula como único requisito. Y se garantiza el derecho al voto de los venezolanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria.
6. Un nuevo Consejo Nacional Electoral y la reforma del Tribunal Supremo: se designan nuevos rectores antes de que termine 2026, mediante un Comité de Postulaciones verdaderamente independiente, como parte de la reorganización en marcha del Tribunal Supremo. 
7. Justicia transicional y reconciliación:se definen las bases de la justicia transicional que faciliten que la elección sea un paso hacia la reconciliación nacional. 
8. Observación internacional y garantías: se abre la observación electoral, tanto nacional como internacional, incluida una misión de la OEA, y la CIDH acompaña todo el proceso.
9. Liberación de los presos políticos y libre movilidad: se agiliza la amnistía desde una perspectiva de derechos humanos, con acompañamiento internacional. En el marco de la libre movilidad, todos los que por razones políticas han sido forzados al exilio tienen derecho a retornar a Venezuela, incluso para participar libremente en política. Igualmente, cesan la anulación arbitraria de pasaportes y las prohibiciones de salida del país, para garantizar el libre tránsito.
10. El ancla institucional de Estados Unidos: reconstruir la capacidad estatal es una tarea de largo aliento. Para ello, es necesario desarrollar un ancla institucional que permita el acompañamiento de Estados Unidos durante todo el proceso, en especial mediante acuerdos de cooperación económica y de seguridad.  

La implementación de estas reformas debe ser el resultado de un acuerdo político respaldado por Estados Unidos y, más allá, por la comunidad internacional, incluida la OEA. A estos efectos, este acuerdo puede plasmarse en una ley, cuya sola promulgación podría dejar sin efecto restricciones jurídicas inconstitucionales. A partir de allí, la secuencia de reformas puede implementarse en un lapso relativamente breve, lo que permitiría celebrar elecciones tan pronto como en el primer semestre de 2027. 

Este proceso, a pesar de la fragilidad institucional y de las instituciones políticas predatorias, se verá favorecido por la resiliencia de la sociedad civil organizada, que, con las primarias de 2023 y la elección presidencial de 2024, demostró su capacidad de organización. 

La elección, por supuesto, no será tanto un punto final. Sí el inicio de una segunda etapa hacia la consolidación de una República duradera. Bajo las condiciones propuestas, la elección no solo rescatará la soberanía popular, hoy secuestrada, sino que además favorecerá la estabilidad política, lo que creará condiciones adecuadas para atraer las inversiones privadas que requiere la economía, en especial en el sector petrolero.

Esta propuesta rechaza la idea de que la relación entre democratización y estabilización es de rivalidad. Bajo este paradigma, la estabilidad política y económica requeriría diferir las elecciones. Pero la realidad es la contraria: la relación es de complementariedad. Así, seguir difiriendo sin plazo las elecciones agrava la inestabilidad política y la incertidumbre. Mediante un proceso gradual, secuenciado, basado en el diálogo político y el acompañamiento internacional, la democratización contribuirá a la estabilización. 

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