Ana Leonor Acosta: Me preocupa la indiferencia que hay en la dirigencia opositora con los presos políticos

Dice la abogada penalista Ana Leonor Acosta: “Los abogados defensores de presos políticos entendemos que nuestra asistencia jurídica en tribunales no es solo para conseguir justicia. Es para develar la mentira de las acusaciones y para documentar las violaciones de derechos humanos”.

Lo tiene claro tras nueve años de haber fundado la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, por ser su coordinadora general y por defender a los alcaldesDaniel Ceballos (municipio San Cristóbal, Táchira), Alfredo Ramos (municipio Iribarren, Lara) y Delson Guárate (municipio Mario Briceño Iragorry, Aragua); así como al diputado Renzo Prieto, al general Ángel Vivas, al periodista Roland Carreño y a los seis sindicalistas sentenciados en agosto de este año.

-Tres mujeres fueron detenidas en agosto, ¿quiénes son?

-La señora Yosida Venegas, madre del sargento mayor Juan Carlos Monasterios [también detenido por el intento de magnicidio con los drones en la Avenida Bolívar de Caracas]; Marielix Goyo y Raquel da Silva, directora y activista respectivamente, de la Fundación Pro Defensa de los Derechos Humanos, Libertad y Justicia. Ellas son del estado Carabobo y estaban denunciando la deforestación en un río… Se suman a las 21 presas políticas registradas en la base de datos de la Coalición.

-¿Cuántas presas militares cuenta la Coalición?

-Cinco: Samaira Romero, que está en El Helicoide; Marifrancys Marcano, que está en el INOF; y las tres del caso de la gobernadora de Monagas, que están en Ramo Verde. Pero siempre aclaro que nuestro registro es referencial, porque es la información a la que hemos podido tener acceso. El número es mayor: hace poco, uno de mis compañeros hizo un viaje a Monagas y encontró doce militares presos por razones políticas, una es mujer.

-La Coalición está promoviendo un canje humanitario en sus redes sociales, ¿podría explicar en qué consiste?

-Es la libertad de los presos políticos, porque hay dos patrones que nos preocupan: desde el año 2018 no hay una liberación masiva de presos políticos y, además, se están realizando juicios sin garantías procesales y condenas sin ningún tipo de prueba. Estamos estancados en esta situación y sabemos que no habrá justicia mientras no haya una reforma del sistema de justicia. Entonces, nosotros consideramos que debe hacerse otra propuesta diferente para buscarle solución a casi 300 familias que no consiguen una vía para lograr la libertad.

-Pero un canje supone un intercambio, ¿qué cambiarían por los presos políticos?

-El canje humanitario es la libertad por razones humanitarias y busca el reencuentro de los venezolanos, espacios de paz y de acuerdos. Creemos que este canje puede ser un primer paso para que todo esto se dé. Esta propuesta se le está haciendo formalmente al Gobierno y, como aquí hay dos partes, habrá que ver cuáles serán sus condiciones. Queremos que se dé este diálogo por los derechos humanos y los presos políticos, así como hay espacio para los temas electorales.

-¿Qué es lo diferente de esta propuesta?

-Es otro llamado para comenzar una nueva vía, otro diálogo, otra negociación, pero con las personas libres, porque estas personas que no están siendo tomadas en cuenta. Tenemos nueve años defendiendo presos políticos y no solo no hay grandes avances, sino que hay retrocesos. Así que hay que atender la vida de estas personas.

-Dice que no hay grandes avances, ¿hay alguno si seguimos en la misma crisis de derechos humanos?

-Hay que ser muy precisos con respecto a lo que puede ser un avance. Por ejemplo, en el año 2017 tuvimos un patrón de persecución en el cual las personas que eran detenidas por razones políticas, eran presentadas ante los tribunales militares e imputadas por delitos militares. Se hicieron campañas y mucha presión. En septiembre del año pasado se modificó el Código Orgánico de Justicia Militar y se dijo que los civiles no podían ser juzgados en la jurisdicción militar. Todas esas causas fueron enviadas a los tribunales penales ordinarios. Entonces, podemos decir que la formación de funcionarios públicos y la reforma de leyes podrían ser vistos como un avance. Sin embargo, no es suficiente como para decir que se respetan los derechos humanos. Un segundo ejemplo: aunque esto no dista mucho de la redacción anterior de la ley, el año pasado se hizo una reforma del Código Orgánico Procesal Penal en el cual se estableció que una persona no podía estar detenida preventivamente más de dos años. Pero cuando fuimos a solicitar la libertad de los presos políticos que tenían más de dos años detenidos sin juicio o sin juicio concluido, todas las solicitudes fueron negadas. Otra reforma que se logró, pero que no se cumple: se hizo la petición a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos [durante el mandato de Michelle Bachelet] para que incluyera un artículo que dijera que si la detención era arbitraria debía ser anulada de inmediato. Hay una sentencia sobre eso. Pero el Tribunal Supremo de Justicia sacó una interpretación de la norma en la que dice que el juez que está conociendo el caso puede convalidar el error que se cometió y la persona seguir detenida. Hace más de un año se dictó una resolución en la que se estableció que los órganos de detención preventiva no iban a estar en custodia de los órganos de inteligencia. Eso se cumple, pero a medias, porque en algunos centros de detención tienen direcciones mixtas conformadas por un órgano de inteligencia con funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario… Entonces, el Gobierno ha manifestado públicamente una intención de respetar y garantizar los derechos humanos, pero una cosa es declarar la intención y otra cosa es cumplirla.

-Al final, el canje es volver a proponerle algo al Gobierno a ver si lo toma o lo deja…

-El canje humanitario no es una propuesta política ni jurídica, tampoco es una acción aislada. Y no pretendemos cambiar la situación jurídica con nuestra propuesta.

-Dice que el Gobierno manifiesta la intención, pero no la veo hacia las presas políticas.

-Las tienen abandonadas. Recuerdo que una vez vi el proyecto de una guardería para cuando los niños fueran de visita y eso no existe. Estoy en varias causas donde hay mujeres detenidas por razones políticas y he visto cómo hicieron solicitudes en las audiencias para ver a sus hijos y fueron ignoradas. Una vez, una de ellas dijo que comían lentejas todos los días y la juez le dijo: “¿Comer lentejas es malo?”. Estas mujeres están en condiciones de reclusión terribles y, además, no deberían estar detenidas, lo están porque es un patrón de persecución por parte del Gobierno, que es detener al familiar de una persona que es un objetivo político. Esto se ve claramente, por ejemplo, en las mujeres del caso Gedeón.

-El patrón de persecución se extiende a la defensa. Usted, por ejemplo, tuvo prohibición de salida del país.

-Todavía tenemos abierta una investigación por instigación al odio, justamente por hacer las denuncias de violaciones de derechos humanos que hemos hecho. Nos limitan el acceso a los expedientes y esto limita nuestro ejercicio profesional. Sé que a algunas presas políticas las amenazaron con que no tomaran abogados de las ONG, porque son “abogados de terroristas”. A otras les dijeron que nunca iban a salir por quedarse conmigo. A otras las obligaron a tener defensa pública que, en realidad, no ejerce la defensa, sino que se aprovecha para hacerles admitir los hechos. Jueces y secretarios han dicho: “A esa abogada no la dejen entrar, porque va a contar todo lo que pasa aquí”. Recuerdo que fuimos al tribunal varias veces para juramentarnos en una causa y el juez me dijo: “Mire, si usted sigue insistiendo, yo los voy a detener”, es decir, nos han amenazado con ser detenidos.

-¿Qué más aguanta una “abogada de terroristas”?

-Hay un tema muy personal: las defensoras tenemos que estar todo el día en el tribunal sin acceso a un baño. Además, muchas veces, tenemos que salir en la madrugada de las audiencias, porque éstas no se realizan durante el día, y salimos solas. Yo soy madre, entonces estoy pendiente de si están persiguiendo a mi hija, si hay algún vehículo estacionado frente a la casa. Esto es una situación que se repite en varias defensoras. En mis años en esto, he sabido de experiencias desgarradoras, aterradoras y, por supuesto, eso marca tu vida, porque uno se impresiona mucho. Esto me lleva a comentarte el caso de Aidaliz Guarisma: cuando fuimos a El Helicoide a entrevistarnos con ella, temblaba mientras nos contaba cómo había sido torturada, veía a los lados, sus ojos se perdían constantemente. Yo podía sentir su terror y no me olvido de eso.

-En una entrevista reciente mencionó que en este momento preelectoral es más evidente la violencia institucional hacia las mujeres, ¿a qué se refiere?

-Nosotros estamos revisando los patrones todo el tiempo. Mira el caso de las defensoras de Carabobo. De 2019 hacia atrás era muy extraño que las mujeres fuesen detenidas y dejadas en la cárcel sin ningún tipo de medida. Que en agosto detuvieran a tres mujeres es una alarma y es una protección que tenemos que exigir para nosotras.

-También ha dicho que “este es un gobierno que desprecia los derechos humanos”, pero pareciera que muchos candidatos también.

-Me preocupa la indiferencia que hay en los políticos con los presos políticos, siendo personas que están en una situación vulnerable, sobre todo las mujeres. No vemos que los candidatos estén trabajando en esto ni que tengan este punto en la agenda. Claro que es importante el cómo los eligen, pero la liberación de los presos políticos no pareciera ser lo que sigue.

-Una presa política es diferente a un preso político…

-Totalmente. Fíjate, al menos las presas políticas que están en el INOF siempre hablan de sus compañeras y de que allá adentro hay muchas a quienes hay que ayudar. Esto demuestra que mantienen la capacidad que tenemos las mujeres para solidarizarnos y proteger… Mucho de lo que me dicen es que se sienten olvidadas, que cuando tenga la oportunidad hable de ellas, aunque todavía tengan miedo de contar qué les pasó y qué les hicieron.