Así no, mister Trump

Mientras trabajo en este artículo, vuelve a mi memoria una iniciativa que un pequeño grupo de ciudadanos impulsó en 1999, cuando se discutía la reforma constitucional. Estábamos de acuerdo con la necesidad de actualizar nuestra Constitución, pero no con la propuesta que Hugo Chávez había presentado, y menos aún con la manera en que se había conformado la Asamblea Constituyente, diseñada para quedar en manos casi exclusivas de militantes y simpatizantes de la revolución bolivariana.

Un nuevo orden político y económico comenzaba a delinearse, y pronto se haría evidente que estábamos ante un proyecto autoritario y estatista, sostenido por la mentira como método de dominación. Queríamos el cambio, pero así no.

El apoyo de Estados Unidos

Esta posición me parece nuevamente la correcta en tiempos en los que el proyecto chavista se extingue entre confusión y desvergüenza, y comienza a abrirse paso un nuevo orden, nacional e internacional, todavía incierto y dependiente, en parte, de nuestras decisiones. Ese principio conserva hoy toda su vigencia. Lo asumo para examinar ciertas dimensiones del apoyo que nos brinda Estados Unidos.

Es justo reconocer que las administraciones de ese país, sobre todo la actual de Donald Trump, han sido importantes en la lucha de los venezolanos contra el régimen autocrático. También es imprescindible asumir que la extracción de Nicolás Maduro fue la vía definitiva para sacar al usurpador del poder.

Durante muchos años los venezolanos lo intentamos por diversos caminos, unos más sensatos que otros. Cuando finalmente pudimos expresarnos masivamente en la gesta ciudadana del 28 de julio de 2024 y demostrar nuestro triunfo, el régimen actuó con una brutalidad propia del gorilismo latinoamericano.

Estrategia de Seguridad Nacional

Nuestra soberanía como pueblo parecía haber sido abolida. La decisión de Trump de forzar la salida de Maduro, por razones inscritas en su Estrategia de Seguridad Nacional y que no eran las nuestras, abrió una posibilidad para recuperarla. Fue una acción que merece nuestro reconocimiento.

No es, por cierto, la primera vez que una sociedad requiere del apoyo de potencias extranjeras para alcanzar o recuperar su soberanía. Las colonias estadounidenses necesitaron el apoyo del Imperio francés; las provincias hispanoamericanas, del Imperio inglés. Alemania y Japón necesitaron el apoyo de las potencias que los habían vencido para reconstruirse como repúblicas.

En todo caso, siempre es conveniente recordar que las razones de quienes ayudan y las razones de quienes reciben ayuda no son necesariamente las mismas, y que estos últimos suelen quedar con alguna cuenta por pagar.

El acuerdo

Supimos del acuerdo por mensajes difundidos en redes sociales, algo que se ha convertido en hábito en una época en la que la deliberación pública se fragmenta y banaliza. Con el agravante de que el anuncio de Trump posee toda la carga propagandística de una campaña electoral.

De cualquier modo, algunas voces destacaron de inmediato que solo autoridades legítimas, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, deben adoptar un acuerdo como ese, y que estas solo pueden surgir de elecciones justas. Otras se han concentrado en los términos del acuerdo, hasta ahora conocidos solo en parte, para afirmar que podrían ser beneficiosos para nuestro país. Pareciera entonces que nos encontráramos ante un viejo debate entre principistas y pragmáticos. Pero este no es el caso. Defender los principios republicanos y democráticos es lo mejor para nuestro bienestar.

Venezuela necesita una alianza de gran alcance con Estados Unidos para desarrollar sus reservas petroleras. Es absurdo que sigamos empobreciéndonos sobre una enorme fuente de potencial riqueza. Pero hay dos maneras de concebir esa alianza.

La lógica

Una que nos encamina al desarrollo y otra que nos condena al atraso. Ese es el punto esencial. La lógica energética es evidente: Estados Unidos requiere un suministro estable de crudo, y Venezuela puede ser, nuevamente, el único proveedor confiable del hemisferio; a su vez, el mercado estadounidense es el destino más cercano y más rentable para nuestro petróleo.

Lo que está en discusión no es la necesidad de la alianza, sino la legitimidad del acuerdo. Este acuerdo, aún sin conocerse todos los detalles, no es lo que nos conviene. Ni a Estados Unidos ni a Venezuela. No me refiero a aspectos específicos, siempre perfectibles, sino a su sostenibilidad institucional. La cuestión no es técnica sino política. Aceptar el acuerdo, tal como sepresentó y desde la perspectiva del interés general de ambas naciones, más que un error es una estupidez histórica.

El interés general

Quiero subrayar la expresión «desde la perspectiva del interés general». A la mayoría de los venezolanos y de los estadounidenses conviene una alianza energética alcanzada de manera legítima. Pero si tal alianza no es legítima no será duradera. Siempre será cuestionada y la incertidumbre que la acompañará hará difícil que tanto los gobiernos como las empresas privadas puedan diseñar y ejecutar planes de larga duración, como requiere el negocio petrolero.

Apegarse a los principios no es un lujo moral: es una condición de estabilidad económica a largo plazo. Resulta un chantaje burdo afirmar que quienes nos oponemos al acuerdo le pedimos a los ciudadanos que continúen sufriendo la situación económica y que solo nos interesamos en la política y el poder.

Lo que queremos en realidad es que ejerzamos nuestra soberanía para acabar de una vez con el régimen usurpador y reconstruir nuestra economía sobre bases firmes. Ya sabemos lo que implica levantar un proyecto sobre un suelo que no ofrece estabilidad.

¿Por qué entonces hacer algo mal si es posible hacerlo bien?

La respuesta no es difícil de encontrar: porque a algunos grupos políticos y económicos les conviene. El remanente del régimen chavista‑madurista está dispuesto a pagar cualquier precio con tal de sepultar su naturaleza ilegítima, ya sea prolongando su permanencia en el poder y forzando unas elecciones en el momento que les resulte más favorable, o, en el peor de los casos, abandonándolo sin asumir responsabilidad alguna.

Ello puede traducirse en la entrega, de manera discrecional y en condiciones excepcionalmente favorables, del control y explotación de una quinta parte de las reservas petroleras de nuestro país a empresas estadounidenses.

Para decirlo sin rodeos: el acuerdo beneficiará, fundamentalmente, al grupo usurpador y a los «enchufados», tanto de Venezuela como de Estados Unidos. En este sentido, se entiende por qué personajes públicamente conocidos por su trayectoria de corrupción a gran escala sean los articuladores del acuerdo. Hay pues razones válidas para temer que la depredación del país continuará, aunque el elenco, en parte, se habrá renovado. China, Rusia, Cuba y otros salieron del juego venezolano y una élite con tendencias neocolonialistas, estadounidense y criolla, pretende entrar con determinación y cálculo.

Conviene distinguir este escenario de otro igualmente relevante: el de las grandes empresas petroleras que evalúan con rigor los riesgos institucionales antes de invertir. Las grandes empresas petroleras entienden, por razones prácticas, el alto riesgo de invertir en un país donde la ilegitimidad de las instituciones es un tema sin resolver.

Ellas pueden invertir, como lo hacen, en países sin democracias, pero donde la ilegitimidad no es un problema real. Siendo así, ¿qué empresas estarían dispuestas a invertir bajo el paraguas de un régimen como el de Delcy? Aquellas, reitero, con las conexiones necesarias para garantizarse un Estado de derecho a la medida, si se me permite el uso paradójico del término.

Potosí del siglo XXI

Esta vez, argumentarán algunos, no habrá saqueo y si lo hubiera, agregan otros con cinismo, no será empobrecedor de la mayoría. Algunos incluso van más allá y nos hablan de un posible boom petrolero. Un boom con instituciones precarias, por supuesto. Y allí está la trampa del pragmatismo hueco: ofrecer un alivio material relativamente rápido a cambio de abdicar de la soberanía popular y del Estado de derecho. En el fondo, se nos propone asumir el destino de un Potosí del siglo XXI.

A estas preocupaciones se suma un hecho especialmente inquietante: la participación del Pentágono como inversionista en la estructura del acuerdo. Diversos analistas han señalado que no existe una base legal clara para que una agencia de defensa de los Estados Unidos adquiera participación accionaria en una empresa vinculada a la usurpadora, mediante un esquema de participación diseñado para evitar desembolsos presupuestarios.

Este solo dato bastaría para mostrar que no estamos ante una alianza institucional, sino ante una operación irregular de poder entre actores específicos de ambos países.

Así no

El caso venezolano, debe insistirse, es un anticipo de un complejo e incierto reacomodo económico y político mundial. La lógica de las grandes potencias tiende a imponerse sobre un orden institucional internacional que no ha logrado reinventarse para adecuarse a las nuevas realidades.

En ese contexto, los venezolanos debemos asumir con realismo que formamos parte del área de influencia de los Estados Unidos, pero ello no debe conducirnos a negar los principios sobre los que las democracias occidentales han progresado. No queremos simplemente sobrevivir en tiempos oscuros y convertirnos, luego de la destrucción chavista, en una pobre sociedad que acepta sumisamente acuerdos como el anunciado por Trump y Delcy.

Los venezolanos no necesitamos sustituir un modelo de depredación como el chavista por uno que se va perfilando como neocolonial. Lo que nos conviene es reconstruir la República sobre la base ineludible del mandato ciudadano que expresamos el 28 de julio y que queremos ratificar en nuevas elecciones. Esa será la base firme de nuestra futura prosperidad. Y lo que le conviene a Estados Unidos es contar con un socio estable, confiable y democrático en el Caribe, no con un protectorado administrado por cazadores de renta. Podemos suponer que muchos estadounidenses estarán de acuerdo con esto.

Por eso hay que decirlo con claridad y sin complejos, tanto en Caracas como en Washington: la alianza energética es indispensable, pero no bajo estas condiciones. Así no, Mister Trump.

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