Veintisiete años negociando para no cambiar

La semana que cierra deja dos hechos que conviene leer juntos. El primero: la delegación opositora comienza a llegar a Caracas el 15 de septiembre para abrir la segunda ronda de la negociación, con garantías políticas, civiles y libertad de expresión en la agenda. El segundo: mientras esa ronda se demoraba, el régimen de Delcy Rodríguez firmó acuerdos con Chevron, Eni y GE Vernova tras la visita del secretario de Energía de Estados Unidos.

El tablero energético se movió en días; el institucional sigue contando en meses.

Quien lea esto sin memoria histórica puede tomarlo por un tropiezo de calendario. No lo es. El chavismo ha recurrido a la negociación como táctica dilatoria y de apaciguamiento cada vez que una crisis lo ha puesto contra la pared:

• La Mesa de Negociación y Acuerdos de 2002-2003, tras el golpe y el paro
• El diálogo de 2014 tras las protestas
• Santo Domingo en 2017-2018
• Oslo y Barbados en 2019
• México en 2021

Y ahora 2026…

En todas, el patrón fue el mismo: sentarse cuando la presión alcanza el máximo, obtener con la sola instalación de la mesa una rebaja de esa presión y administrar el tiempo hasta que la coyuntura que lo obligó a negociar se disuelva. Veintisiete años de práctica repetida deberían dejar algún aprendizaje. La duda razonable no es si el gobierno intentará repetir el libreto, sino si esta vez el contexto y los venezolanos se lo permitiremos.

Es lo que llamo la hipótesis de la válvula: la mesa se instala para absorber y reducir la presión —hoy, no solo sobre Miraflores sino también sobre la Casa Blanca— mientras Estados Unidos avanza sus demás objetivos en Venezuela. No significa que la mesa sea inútil; significa que sus posibilidades reales dependen menos de lo que allí se acuerde que de la presión y la amenaza que Washington esté dispuesto a sostener sobre el gobierno venezolano. Lo ocurrido hasta ahora no es una dilatoria accidental, es el guión ejecutado del mismo manual.

Un avance

Seamos justos con la evidencia. En lo judicial hay un avance verificable: la Asamblea Nacional aprobó la reforma que reactiva la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia y amplía el Comité de Postulaciones Judiciales de 21 a 23 integrantes, con mayoría de sociedad civil. Pero es un resultado de procedimiento, no de poder: cambia el número de miembros que compone el filtro, no todavía quienes lo conforman. El régimen cede aquí porque el costo de ceder, sin definir quienes conforman el comité de postulaciones y quien toma la decisión final sobre los nuevos magistrados es aún bajo y el de resistirse a un compromiso ya firmado el 12 de agosto habría sido alto. Pero aún no se avanza en donde el costo de ceder sí es alto —el árbitro electoral— la cesión no aparece.

Lo que no ocurrió

Porque el dato de la semana es también el que no ocurrió: el Consejo Nacional Electoral sigue sin fecha ni proceso. Catorce organizaciones civiles ya advirtieron que la ley permite renovarlo en unos dos meses y que, con voluntad política, octubre era posible. La promesa de tener nuevo TSJ y nuevo CNE en diciembre empieza a leerse, al ritmo real, como un techo cómodo y no como una meta.

Y el propio calendario de la mesa se desliza: lo que en agosto era «mediados de septiembre» y hace diez días «unos diez días», según el secretario Rubio, es hoy «a partir del 15». No es un colapso; es el ritmo de siempre, y conviene nombrarlo sin dramatismo ni complacencia. La dilación no es inercia: tiene fecha objetivo, y esa fecha son las elecciones de mitad de período en Estados Unidos, en noviembre, cuando la capacidad de presión de Washington podría empezar a diluirse.

Reforma judicial sí, árbitro electoral no

La literatura comparada sobre transiciones ayuda a ver por qué esto importa más de lo que parece. Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter, al estudiar las salidas del autoritarismo en el sur de Europa y América Latina, mostraron que los regímenes acorralados suelen abrir procesos de liberalización —concesiones controladas de derechos, excarcelaciones, reformas parciales— precisamente para evitar la democratización, que es la transferencia efectiva de poder mediante elecciones limpias. Adam Przeworski lo formuló con crudeza: la liberalización es la apuesta del régimen a ampliar su base de apoyo sin alterar la estructura de poder; sólo deriva en transición cuando la apertura se le va de las manos o cuando una presión externa o interna le cierra la opción de administrarla. Lo que hemos visto esta semana —reforma judicial sí, árbitro electoral no— es la definición misma de liberalización sin democratización.

O’Donnell y Schmitter añadieron una segunda lección, la decisiva para Venezuela: los pactos que producen transiciones reales son aquellos en que los moderados del régimen necesitan a los moderados de la oposición para sobrevivir, y en que las garantías se escriben con reglas y calendarios, no con declaraciones. Un pacto sin componente electoral y sin plazos verificables no es una transición; es una tregua. Steven Levitsky y Lucan Way completaron el cuadro para regímenes como el venezolano: cuando la presión externa es alta y sostenida, esos regímenes ceden; cuando es intermitente o selectiva, aprenden a esperarla.

Intereses directos

Ahí está el punto crítico. Estados Unidos ha actuado esta semana como garante donde tiene interés directo: empujó las postulaciones judiciales y cerró contratos petroleros con la mesa en pausa. No ha activado esa misma capacidad sobre el CNE, y el propio presidente Trump declaró que Venezuela aún no está lista para elecciones. La fecha realista de un nuevo árbitro electoral, si el patrón se sostiene, no la fijará la mesa de Rodríguez y Figuera: la fijará la velocidad de decisión de Washington, que hasta ahora ha sido selectiva.

Lo que empieza el 15 de septiembre es, por eso, la prueba de la hipótesis. Si de esta ronda salen un CNE con cronograma y una ruta electoral verificable, el chavismo habrá perdido, por primera vez en 27 años, la capacidad de convertir la negociación en tiempo. Si salen reformas parciales y una nueva fecha para la próxima ronda, habremos visto una liberalización más, administrada por quienes mejor saben hacerlo. Diciembre, para el tribunal y el árbitro, es hoy una promesa. Noviembre, para Washington, es un calendario. Sólo uno de los dos relojes está corriendo de verdad.

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