Cada vez que se acercan los eventos electorales las autoridades venezolanas buscan reforzar el poder comunal. No en vano el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, realizó a inicios de diciembre una consulta pública para buscar canalizar recursos a los consejos comunales en lo que parece un ensayo de nuevos aires para un modelo que suma 12 años de marchas y contramarchas.
A lo largo de este período han intentado consolidar el sistema comunal mediante marcos legales que no terminan de aplicarse, pero con los que se intenta darles un mayor peso a estas estructuras en materia política y económica. Lo cierto es que las comunas y los consejos comunales han sido clave en los mecanismos de control social aplicados por el régimen de Nicolás Maduro. Son, además, parte del engranaje de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en muchas comunidades de interés para sus fines políticos.
De cara al 2020, que se perfila como un año electoral, luce clara la intención del régimen por reflotar el modelo y sembrar la idea del “poder popular”.
Ha sido un camino largo que comenzó en 2007, cuando el entonces presidente Hugo Chávez Frías esbozó una reforma de la Constitución con el objeto de transitar hacia el socialismo. Aunque tales cambios fueron rechazados en un referendo, ello no lo limitó para plasmar el estado comunal y el sistema de economía comunal a través del Plan Simón Bolívar y, luego, en las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en 2010.
Justo en 2010 se efectuaron las elecciones parlamentarias en las que la oposición volvió al Parlamento.
“De cara al 2020, que se perfila como un año electoral, luce clara la intención del régimen por reflotar el modelo y sembrar la idea del ‘poder popular’”
La intención de Chávez de avanzar con un modelo comunal tenía como fin disminuir la participación del sector privado en la economía. Y en la medida en que el Gobierno se beneficiaba de los altos ingresos petroleros optó por nacionalizar industrias, disparar el gasto y constituir un tejido de empresas socialistas que se soportaban con el aporte de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
Para las elecciones de 2012 Chávez presentó el Plan de la Patria, que tenía como fin insistir en el desarrollo de otras formas de propiedad diferentes a la privada a través de las comunas. En la Habilitante, previa a la presentación del plan, incluyó una ley de transferencia de gestión de servicios a las comunidades, con lo cual les daba poder a los consejos comunales para administrar servicios y proyectos, y les restaba participación a los alcaldes.
Luego Nicolás Maduro al ejercer la Presidencia, a través de poderes especiales que le otorgó el Parlamento, permitió que en otras leyes los consejos comunales tuvieran acceso a las divisas, pudieran constituir bancos comunales y recibieran fondos adicionales a los previstos en el presupuesto nacional, los cuales se manejan en el Fondo de los Consejos Comunales.
En 2016 Maduro creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como un mecanismo para administrar la escasez, que ya se agudizaba en ese período por el modelo de controles. Dichos comités los integran miembros de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh), Frente Francisco de Miranda, Unamujer y los consejos comunales. Estos últimos son los encargados de organizar a los ciudadanos en la búsqueda de las bolsas en la red estatal Mercal, y en el despacho de las cajas a los edificios y comunidades.
Los CLAP y el Carnet de la Patria fueron dos de los esquemas de control social utilizados en la elección de 2018 en la cual Maduro fue reelegido, pero cuya legitimidad fue cuestionada por decenas de países.
“Los consejos comunales ejecutarán proyectos en diversas áreas, con fondos provenientes de las multas que cobre la Policía de Miranda”
En el II Plan de la Patria, que rige las líneas de acción de las autoridades hasta 2025, destaca que es clave “desarrollar el sistema económico comunal” mediante empresas de propiedad social directa, unidades familiares, grupos de intercambio solidario y demás formas asociativas para el trabajo.
En septiembre y noviembre de este año, Nicolás Maduro ha efectuado eventos con los consejos comunales para afianzar a esas instancias y donde ha dicho: “Comuna o nada en el barrio, comuna o nada en la familia, comuna o nada en la comunidad, comuna o nada en el municipio, en la parroquia, en la ciudad, comuna o nada, claro que sí en la lucha diaria”.
Tras la consulta de la Gobernación del estado Miranda, Héctor Rodríguez dijo que buscaban que el proceso coincidiera “con los 20 años de la aprobación de la Constitución bolivariana, donde debe tener presencia el poder popular, los consejos comunales”; y adelantó que esas instancias tendrán una etapa de formación para que “conozcan los procesos administrativos para administrar estos recursos, una etapa legal de transferencia y una dinámica de contraloría y seguimiento a todos estos fondos”.
Los consejos comunales ejecutarán proyectos en diversas áreas, con fondos provenientes de las multas que cobre la Policía de Miranda.
De manera que parte de lo previsto en los marcos legales de 2012, ahora se comienzan a concretar y todo ese poder para las comunas se presenta en el preámbulo de las elecciones parlamentarias.