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13 abril 2024

Lucila Hurtado: “El mayor ‘contacto’ es cuando nos despedimos y ponemos las manos en el vidrio donde está la mano del otro al otro lado”.

Lucila Hurtado: “A los presos políticos los castigan por lo que sea: si te portas mal, te corto un dedo”

“A los abogados no nos han mandado a quitar la ropa ni a agacharnos, pero sí te tocan los senos, debajo de los brazos, el abdomen, las piernas, y es absurdo porque no tenemos contacto físico con los detenidos. Hablamos con ellos con un vidrio de por medio”, palabras de Lucila Hurtado, exfiscal del Ministerio Público y ahora defensora de presos políticos.

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Kaoru Yonekura | 24 agosto 2023

Durante 18 años, Lucila Hurtado fue fiscal de homicidios del Ministerio Público. Ahora, como abogada de libre ejercicio, es conocida por defender a los esposos Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado, ambos detenidos en la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Boleíta por el intento de magnicidio con los drones el 4 de agosto de 2018 en la Avenida Bolívar de Caracas.

-De fiscal de homicidios a abogada de presos políticos, ¿se requieren otras destrezas?

-Sí. En un caso como el de ellos está el temor de que, a ti como abogado, te pueda pasar algo si vas a estos centros detención, si haces alguna pregunta que al órgano aprehensor le parezca incorrecta, o si haces algo que ellos crean que es indebido, o porque reclamas el cumplimiento de las garantías constitucionales y legales de tu cliente. Está el temor por convertirte en otra víctima, pero hay que seguir adelante… Por otro lado, hay que entender que uno también está allí para dar apoyo moral, para decirles lo que, al menos yo, siempre les digo a María y a Juan: ustedes no pueden perder la fe ni el ánimo. Así como ingresaron aquí por capricho de alguien, van a salir en cualquier momento, porque ustedes son inocentes.

“No hay Estado de Derecho en Venezuela. A los abogados nos dejan actuar solo para que le demos un viso de legalidad a estos atropellos”

Lucila Hurtado

-¿Usted siente temor por convertirse en otra víctima?

-No, porque mi socia y yo solo defendemos el debido proceso, que es la garantía que tiene toda persona. Si me han seguido o vigilado no me he enterado. La verdad es que no creo que lo estén haciendo. Yo considero que estoy haciendo bien mi trabajo.

-En marzo publicamos el relato sobre María Auxiliadora, ¿qué ha pasado desde entonces?

-El juicio culminó a las 2:00am. Nos hicieron esperar horas cuando ya se habían hecho las conclusiones… Yo no diría que hubo sentencia, pareciera que allí hubo una orden con una lista de a quién iban a condenar. No se hizo un razonamiento jurídico, o sea, por qué se condenó a María Auxiliadora a treinta años, por ejemplo. De hecho, ese fue uno de los puntos de la apelación, porque la juez [Hennit López] no motivó como era su obligación, es decir, no dijo por qué llegó a ese razonamiento, simplemente se limitó a decir las penas. Cuando se le exigió que razonara, apagó las cámaras y dijo que había culminado la audiencia… La semana pasada fui al tribunal para revisar el expediente y a ver si la fiscalía se había dado por notificada por la apelación, y me lo negaron. Desde hace más de ocho meses no se nos da acceso al expediente. La secretaria me dijo que no me iba a recibir la diligencia, porque la jueza ya estaba trabajando, pero ¿qué más se le puede trabajar a un expediente que ya tiene su sentencia con pena máxima? Hoy fue mi socia y tampoco le permitieron revisar el expediente, y tampoco le recibieron la diligencia.  Ahora me pregunto: ¿Cómo nos consta que el expediente está ahí en el tribunal?

-¿Qué reflexión le va dejando este caso?

-Varias. A los presos políticos los castigan por lo que sea: si te portas mal, te corto un dedo. Si no haces lo que te pido, no te doy comida. Si haces algo indebido, te torturo y te pongo a que escuches los gritos. Si protestas, te castigo y, para disimular el castigo, castigan a todos… No hay Estado de Derecho en Venezuela. A los abogados nos dejan actuar solo para que le demos un viso de legalidad a estos atropellos, o sea, para que parezca que el proceso respeta las garantías constitucionales. Siempre lo repito: el derecho a la defensa no se agota cuando el imputado puede nombrar un defensor. Si no se le permite a ese defensor que haga su trabajo, se le está violando su derecho al imputado.

-Visto así, el abogado es una víctima más…

-Sí. Para muestra, lo que le pasó al abogado del coronel García Palomo. Otros ejemplos: cada vez que uno va a la visita [de abogados en la DGCIM de Boleíta], cambian las reglas. La última vez que fui teníamos que esperar porque los detenidos estaban en el patio, ¿pero por qué los sacan a la hora de la visita de sus abogados? Además, nos dejan incomunicados, porque no podemos usar el teléfono, así que, si tenemos una emergencia familiar, no nos enteramos. No se puede pasar ni con un papel ni un lápiz para tomar nota de algo como, por ejemplo, un medicamento o un mensaje para el familiar… Las visitas son de quince minutos con el detenido, pero a mí no me dan quince con María y quince con Juan, sino quince minutos con los dos… El colmo fue que un día me dijeron que me tenía que quitar los zarcillos y eran unas mini argollas. Hoy un funcionario me dijo que tenía que dejarle la llave del carro, no en el locker, sino a él en la mesa… Una vez, a mi socia le tomaron una foto en la cara con un teléfono personal del funcionario de turno. Ella reclamó, porque para entrar hacen un reconocimiento facial y el director le dijo que abandonara las instalaciones.

-¿Cómo es la requisa?

-A los abogados no nos han mandado a quitar la ropa ni a agacharnos, pero sí te tocan los senos, debajo de los brazos, el abdomen, las piernas, y es absurdo porque no tenemos contacto físico con los detenidos. Hablamos con ellos con un vidrio de por medio. Desde hace como seis meses, hay un teléfono. El mayor “contacto” es cuando nos despedimos y ponemos las manos en el vidrio donde está la mano del otro al otro lado.

-Sobre la irregularidad de las visitas familiares el sábado 12 de agosto*.

-Las disposiciones legales del Código Penitenciario establecen que los detenidos tienen derecho a recibir visitas. Cuando la norma dice “visitas” es que cualquier persona que tenga disposición de irlos a visitar puede hacerlo, un familiar, un amigo… Lo del sábado fue terrible. Piensa en los estadounidenses que no tienen familia aquí y sus abogados o algún conocido son quienes prestan algún apoyo, también hay algunos venezolanos en esa situación de no tener familiares en el país. Piensa en los sindicalistas que casi todos son del interior como la misma María Auxiliadora.

-¿Otras irregularidades?

-Recuerdo una audiencia en la que una experta estaba leyendo la experticia de inspección técnica, que era impertinente para el caso. Cuando le preguntamos si podía señalar el folio del expediente, ella señaló que era el expediente 022-19 [del caso drones I] y ese no es nuestro expediente, porque el nuestro es el 032-21[caso drones II]. Nos opusimos a la arbitrariedad y planteamos la incidencia, pero la juez [Hennit López] suspendió la continuación del juicio, pidió a la experta que se retirara, apagó la cámara y nos amenazó con apercibirnos por dizque interrumpir el juicio.

-¿Por qué seguir defendiendo estos casos?

-Imagínate, condenaron a 30 años a dos personas entre 40 y 50 años, y que no tienen participación en el hecho. Es como si les estuvieras aplicando la pena de muerte. Es muy triste, María Auxiliadora quiere tener un hijo, estaba en proceso para que le implantaran sus embriones. Ella ve que va avanzando su edad y que su deseo de ser madre se vuelve más lejano. Allí está débil, frágil, siendo víctima de este monstruo que cree que el derecho a la asistencia médica de ella se agota cuando la trasladan al Hospital Militar o a una clínica. Hemos pedido que a María y a Juan los trasladen a Emergencias para que los chequeen un equipo multidisciplinario y, de una vez, les hagan todos los exámenes y les prescriban todos los medicamentos, y nada. Nunca se han quedado hospitalizados y eso que lo han sugerido los médicos. Una vez un médico pidió que bajáramos a la planta baja, en la misma clínica, para hacer un examen de sangre y como la DGCIM no sabía de orden para sacar la sangre, no se pudo, no hubo manera… Yo creo que los abogados seguimos trabajando en estos casos por solidaridad y porque creemos en la justicia verdadera. Aunque en Venezuela nunca ha habido una justicia expedita ni libre de ninguna influencia, aunque nos acostumbramos a tantas cosas malas y a que nos hagan cosas terribles, y aunque sea muy difícil volvernos a encauzar, yo sí creo que esa justicia sin interferencia va a llegar.


(*)El sábado 19 de agosto tampoco permitieron la visita a los familiares que no fuesen directos ni a los allegados de los detenidos en la DGCIM de Boleíta.

*La fotografía de la abogada Lucila Hurtado fue facilitada por la autora, Kaoru Yonekura, al editor de La Gran Aldea.

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La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.
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