Sippenhaft fue la norma alemana que permitió la detención, tortura, proceso penal y exterminio de los familiares de acusados por supuestos crímenes en contra del Estado. Según esta directriz de carácter político, los familiares eran condenables por “corrupción de la sangre”. Así, el gobierno de Hitler detuvo familias enteras para obtener información útil o confesiones sobre los acusados, lograr que ellos se quebraran emocionalmente o se entregaran.
Hoy, sea por parentesco, por cercanía o por cualquier forma del “me da la gana” se aplica el castigo colectivo: en Corea del Norte éste se extiende hasta los miembros de la tercera generación del acusado, mientras que en China, abogados y activistas por los derechos humanos siguen con algún tipo de castigo tras la Represión 709.
En Venezuela, la desaparición forzada de la activista por los derechos humanos y coordinadora de la asociación civil Control CiudadanoRocío San Miguel y de su familia no es el comienzo de la práctica criminal nazi. En el país, esta práctica ocurre desde, al menos, 2014. La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de Naciones Unidas confirmó en su informe de septiembre de 2021 que el Estado venezolano secuestra y detiene.
María Auxiliadora Delgado, por ejemplo, está encarcelada desde 2019 en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Boleíta, en Caracas. Fue condenada a 30 años de cárcel sin ninguna prueba en su contra. Su “delito”: ser hermana de Osman Delgado, señalado como uno de los financistas del intento de magnicidio con los drones en la avenida Bolívar de Caracas. Lo dijo la abogada Lucila Hurtado: “Como no pudieron con el hermano, fueron por el familiar más cercano”.
En la madrugada del 21 de abril de 2020, como no encontraron al teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Richard Alemán en su casa, detuvieron a sus hermanas Andreina y Yolimar; al capitán de la GNB Erickson Chaya (esposo de Yolimar); a un primo y al capitán retirado de la GNB Renny Olivares. A las hermanas se las llevaron a la DGCIM-Boleíta y allí estuvieron aisladas alrededor de un mes. Para dejar registro de su aprehensión, los funcionarios fingieron la liberación de las hermanas en un centro comercial y apenas salieron del vehículo, fueron aprehendidas nuevamente. Las involucraron en la operación Gedeón y, aunque fueron excarceladas, tienen medida de presentación mientras sigue el juicio.
A Marifrancys Marcano también la involucraron en la operación Gedeón. Fue detenida el 25 abril de 2020, día de su cumpleaños. Estuvo veinte días desaparecida. Se la habían llevado a la DGCIM-Boleíta, donde le taparon la cabeza con una bolsa plástica, le dieron golpes en la cara y en las costillas, y le susurraron que su mamá murió, que sus hijos se quedaron solos y que nunca saldría de allí. El “delito” de Marifrancys: ser hermana del mayor de la GNB Carlos Alberto Marcano. Ahora está en el Instituto Nacional del Orientación Femenina (INOF).
Y como ellas, tantas detenidas: Ana María Pernía, recluida en el INOF por estar con Marifrancys en el momento de su detención; Didelis Corredor, asistente del periodista Roland Carreño, recluida en la sede el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de El Llanito; Yasmina Guillarte, recluida en la DGCIM-Boleíta por ser novia del expreso político estadounidense Jerrel Kenemore; y hasta una mascota: Arpa, la mastín napolitano del coronel Oswaldo García Palomo, “detenida” en El Helicoide… La persecución a familia de la jueza María Lourdes Afiuni no ha cesado.
No estamos en una nueva era de represión, sino viviendo la misma, pero más visible, mucho más cruel y muchísimo más impune, y esto pese a que Venezuela integra la Convención de Belem do Pará, que es el primer instrumento interamericano para que los Estados garanticen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.